La concentración, que ha tenido lugar bajo estrictas medidas de higiene y distanciamiento social por la situación generada por la pandemia de COVID-19, se ha desarrollado en el espacio para personas con movilidad reducida (PMR) de Ciudad Jardín, y ha sido organizada por el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Illes Balears (CERMI IB) y sus organizaciones miembro.
“Entre las dificultades que se están viviendo, destaca que las personas con discapacidad tengan que avisar con antelación para poder acudir a los puntos de ayuda a (PMR) en las playas. Se está negando la ayuda al baño en el mar a PMR que lo solicitan, así como a personas ciegas, al tiempo que se niega el apoyo para la transferencia a la silla anfibia, así como la ayuda con la misma para la entrada en el mar y se niega el uso del baño adaptado a personas con discapacidad”, ha explicado Alexandro Marinelli, vicepresidente del CERMI IB.
Marinelli ha lamentado que “hayamos tenido que salir a la calle a protestar por lo que debería ser un hecho ya consolidado, que las personas con discapacidad podamos disfrutar del derecho al ocio en igualdad de condiciones”.
Ha recordado que desde la plataforma representativa de la discapacidad en Illes Balears se ha venido planteando esta situación al Consistorio “y no nos han tenido en cuenta en ningún momento ni hemos obtenido respuesta, por lo que no nos han dejado más opción que denunciar enérgicamente esta circunstancia”.
NO HAY EXCUSAS
Además, ha defendido que “la pandemia no puede ser la excusa, ya que garantizando las medidas de seguridad, se tienen que prestar estos servicios, al igual que muchas entidades de la discapacidad y de otros ámbitos seguimos trabajando en la situación actual”.
Del mismo modo, ha declarado que “si en nuestro territorio decimos que damos tanta importancia al turismo, no nos podemos permitir, no solo que los residentes con discapacidad no puedan disfrutar de sus playas, sino que tampoco puedan hacerlo los turistas que nos visitan. No estamos en un momento en que precisamente podamos permitirnos enviar el mensaje de que aquí no todos los turistas tendrán los mismos derechos. No nos resignamos a que haya personas de primera y de segunda, por lo que exigimos soluciones inmediatas”.
Por último, desde la entidad se ha incidido en que el derecho al ocio, así como el principio de accesibilidad universal y ajustes razonables son principios consagrados en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, de ámbito estatal, y en la Convención Internacional de la Discapacidad, un tratado de obligado cumplimiento que vincula a todas las administraciones públicas de los Estados que lo han ratificado, entre los que se encuentra España.
