La Orden SND/344/2020, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge la posibilidad de adoptar desde este martes las medidas necesarias para la regulación de los precios de las pruebas, con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio. Establece, asimismo, que los centros privados deben notificar los casos detectados de coronavirus, así como la compra de test rápidos diagnósticos, especificando a la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma en la que se encuentren ubicados el tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de uso.
"No podemos permitir que en un periodo de escasez se utilicen las PCR en grupos poblacionales en los que no van a ser suficientemente eficientes para generar resultados adecuados. Y, por otra parte, que los diangósticos que se hagan no queden bajo el conocimiento de las comunidades autónomas", ha alegado Simón.
Así, ha señalado que el primer objetivo es "garantizar que los resultados se conocen, que no hay abusos por parte de ninguna entidad en el momento de realizar PCR, que tienen que estar bajo la tutela de salud pública". "También evitar que se haga una PCR cuando la probabilidad de que el resultado sea negativo o positivo sea excesivamente baja. Sabemos que tiene muy poca eficiencia en personas asintomáticas que no tienen ningún cuadro clínico o exposición de alto grado que justifique realizarlas", ha expuesto.
"Lo que se busca es controalr todo el uso de las PCR para que sea lo más eficiente posible", ha resumido el experto del Ministerio de Sanidad. La Orden también detalla que los centros de titularidad privada están obligados a notificar la aparición de nuevos contagiados tan pronto se detecte un nuevo caso con la máxima urgencia y por el medio más rápido posible, correspondiendo a las comunidades autónomas, en su ámbito competencial, establecer el procedimiento.
Con este fin, las comunidades autónomas tendrán a su disposición los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada ubicados en su comunidad autónoma que no estén prestando servicio en el Sistema Nacional de Salud, así como su personal.
Así, la realización de pruebas diagnósticas por los citados centros,
servicios y establecimientos de diagnóstico clínico para la detección del Covid-19 quedará sujeta a la prescripción de un facultativo de acuerdo con las directrices acordadas por Sanidad.
Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada deben estar disponibles para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico ya existentes desde este mismo martes así como para notificar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma los casos de coronavirus detectados.
Estas medidas estarán vigentes hasta la finalización del estado de alarma, que comenzó el pasado 14 de marzo y que se prolongará, al menos, hasta el próximo 26 de este mes de abril. Su incumplimiento podrá ser motivo de sanción para estos centros, según dispone la Orden.
