Más de la mitad de las denuncias proceden de particulares (27). Además, durante 2019, seis funcionarios informaron a la Oficina sobre posibles casos de corrupción. Igualmente, se recibieron dos denuncias de representantes de partidos políticos.
En cuanto a los denunciados, la mayoría (16) son corporaciones locales. Ocho denuncias iban dirigidas contra los Consells Insulars y cinco contra el Govern. Además, hubo una denuncia contra la administración judicial, otra a la Delegación del Gobierno y tres que afectaban al Parlament. Otras tres hacían referencia a empresas privadas y el resto a más entidades y empresas públicas.
De las 50 denuncias recibidas, diez versaban sobre cuestiones relativas a la función pública, ocho eran sobre prevaricación urbanística, cinco sobre convenios y subvenciones y otras cinco se presentaron por posibles conflictos de intereses. Otras materias fueron supuestos casos de enriquecimiento ilícito, contratación, incompatibilidades de altos cargos, prevaricación, tráfico de influencias, trato de favor, incumplimientos de códigos éticos, administración desleal y cuestiones vinculadas a la custodia de documentación.
Así, en 2019 se abrieron 50 expedientes en la Oficina Anticorrupción de Balears, de los que diez fueron archivados. La mayor parte (21) aún están pendientes, y 17 están todavía en fase de análisis previo, un procedimiento que la Oficina realiza para examinar la verosimilitud de los hechos relatados antes de decidir si inicia formalmente una investigación.
Además, en 2019 se envió a Fiscalía un expediente a la Fiscalía -relativo al Ajuntament de Petra- y otro a la Seguridad Social.
Para investigar estos casos, la Oficina realizó en 2019 una veintena de entrevistas personales, además de las conversaciones iniciales con los denunciantes. Por otra parte, durante el año pasado la Oficina Anticorrupción llevó a cabo una única visita de inspección presencial, que estaba programada y enmarcada en actuaciones de colaboración institucional.
Paralelamente, la Oficina emitió 50 requerimientos de información y documentos, una veintena de ellos dirigidos a altos cargos del Govern. Igualmente, practicó un centenar de consultas de bases de datos de la Seguridad Social, el Catastro y el Registro Mercantil.
Igualmente, la Oficina envió una comunicación a dos personas afectadas para que pudieran conocer los hechos y manifestar su posición. Estas comunicaciones también se remitieron a las instituciones de las que formaban parte.
En total, el área de investigación de la Oficina dedicó 1.155 horas a las diferentes fases y actuaciones de investigación.
En la Memoria, la Oficina detalla los expedientes concluidos en 2019. Uno de ellos se inició con una denuncia que alertaba del reducido importe de las sanciones impuestas desde la Dirección General de Consumo a una empresa privada.
El denunciante sospechaba de un posible trato de favor a esta compañía por parte de la Dirección General, adscrita a la Conselleria de Salud del Govern. La Oficina examinó los expedientes sancionadores impuestos a esta empresa, y finalmente archivó el caso al considerar que los hechos no estaban suficientemente acreditados. No obstante, el organismo hizo algunas recomendaciones de mejora a la Dirección General.
Otro procedimiento concluido en 2019 afectaba al Ajuntament de Petra y versaba sobre una presunta irregularidad urbanística. El denunciante afirmaba que el consistorio habría favorecido a un particular sancionado dándole el tiempo suficiente para adquirir unos terrenos y legalizar unas obras sin licencia.
Otros dos expedientes afectaban a la Sindicatura de Comptes -fue archivado con recomendaciones- y al Consell de Mallorca -relacionada con las horas extra de determinados trabajadores-. Asimismo, la Oficina ha archivado otras denuncias por falta de competencia.
En la Memoria 2019, la Oficina Anticorrupción da cuenta de la presentación de declaraciones patrimoniales de cargos públicos. En este sentido, la Oficina ha emitido 107 requerimientos a personas que han incumplido esta obligación. Más de la mitad corresponden al Consell de Mallorca, y 20 afectan a cargos del Parlament.
La Oficina está a la espera de que la Conselleria de Hacienda habilite una pasarela de pagos para poder abrir expedientes sancionadores por estos incumplimientos.
