Así se puede leer en un comunicado emitido desde el comité local pollencí, donde también se asegura que "el sueldo base de aproximadamente 56.000 euros anuales, ya de por sí elevado, debería asegurar poder asumir todos los gastos básicos de mantenimiento sin ningún tipo de problema".
El texto continúa "es ilógico que tanto dinero público se destine a sueldos de estas magnitudes. No dudamos de la calidad personal y profesional de las personas que ocupan estos seis cargos de confianza, pero dí dudamos, y mucho, que fuera necesario traerlas de fuera. Además, estas diferencias económicas entre ciudadanía y representantes políticos dañan a la sociedad en general".
"Estos hechos suponen una imagen negativa por la triste realidad de no haber podido encontrar a personas cualificadas y con conocimiento técnico de las Illes Balears", teniendo que recurrir a otras personas procedentes de otros puntos del Estado.
"Finalmente, a pesar de que el complemento sea legal desde el año 2000, no es un argumento que pueda justificar no cuestionarlo. Habíamos llegado para cambiar las cosas, no caigamos en el erro de olvidar esta premisa", concluye la nota.
El grupo municipal de Unides Podem de Pollença ha sido el primero en levantar la voz. La cuestión ahora mismo es clara, ¿será también el último? Las opiniones expresadas en los pequeños círculos hacen indicar lo contrario. Al parecer, todo será cuestión de tiempo.
