“ASEMA cuenta con 700 asociados que denuncian ser el foco de una persecución a base de inspecciones con fines recaudatorios. Afirman que mientras las inspecciones y las elevadísimas multas que sufren están provocando el cierre de numerosos talleres, las administraciones hacen oídos sordos a las denuncias que han presentado alertando de la
presencia de talleres ilegales”, ha dicho el diputado y portavoz de VOX en el Parlamento balear, Jorge Campos. Denuncias en las que figura la ubicación de los locales, con fotos, con todos los elementos necesarios para que se envíe a un funcionario para que compruebe la situación.
Según relata el presidente de ASEMA, Joan Crespí, "nunca se obliga a cerrar a un taller mecánico ilegal ni se vigila la apertura de nuevos. De esta manera a los talleres que pagan sus impuestos y que actúan conforme a la ley solo les queda sobrevivir como pueden y, al final, acabar cerrando sus puertas con la consiguiente pérdida de empleos y de actividad económica".
“Es incomprensible que Govern, Consell de Mallorca y Ajuntament de Palma se alíen para acabar con un sector que genera puestos de trabajo y que da un servicio esencial a la ciudadanía", ha dicho Campos.
