Así pues, el primer acuerdo a establecer entre las distintas formaciones políticas es el de no participar en ninguna coalición, ya sea de manera activa, prestando sus votos, o pasiva, absteniéndose, que implique la conformación de un gobierno que se apoye en organizaciones de carácter secesionista e independentista. La historia reciente nos señala que utilizan la democracia para destruirla, es más, utilizan sus votos para dividir y destruir España.
Así las cosas, creo conveniente y necesario que los partidos políticos, autoproclamados constitucionalistas, lleguen a un acuerdo de investidura en base a una serie de pactos de Estado, que superen el vuelo gallináceo del interés partidista para sobrevolar en defensa del interés general de todos los españoles, con independencia de su filiación política o de la comunidad autónoma a la que pertenezcan.
Como diría César Vidal y sin ánimo de ser exhaustivo, propongo los siguientes Pactos de Estado para el día después de las elecciones.
a) Nuevo sistema de financiación que garantice la igualdad en la prestación de los servicios mínimos, la solidaridad entre las regiones y la no discriminación de unas a favor de otras.
b) Garantizar los mismos derechos de movilidad a los empleados públicos bajo el principio de igualdad, justicia y no discriminación en función de la comunidad autónoma de origen.
c) Establecer una ley de armonización impositiva para donaciones, sucesiones y transmisiones patrimoniales, dejando que las comunidades autónomas puedan fijar su tipo dentro de los límites marcados por esta ley, y evitar así los agravios comparativos.
d) Al haberse transferido la sanidad, debe implantarse una tarjeta única sanitaria efectiva para toda España, con independencia de la comunidad autónoma a la que pertenezca el usuario.
e) Acordar un Plan Estratégico Nacional, con implicación directa de las comunidades autónomas, para hacer frente al reto demográfico.
f) Garantizar la unidad del mercado interno, evitando establecer fronteras ficticias entre comunidades autónomas basadas en incentivos o gravámenes diferenciados en función de las comunidades autónomas a la que uno pertenezca.
a) Listas abiertas y desbloqueadas.
b) Implantación de la segunda vuelta (como en Francia).
c) Supresión del día de reflexión y la no publicación de encuestas.
d) Modificación de la Ley de Financiación de Partidos políticos en lo que afecta a las campañas electorales.
e) Revisión de todo el sistema de aforamientos, dejando estos reducidos al máximo (el Rey, presidente del Gobierno, presidentes del Congreso y del Senado, presidente del Tribunal Constitucional, presidente del Consejo General del Poder Judicial y Defensor del Pueblo).
a) Modificación del Artículo 57, sobre la sucesión de la Corona
b) Modificación del Título VIII para cerrar la configuración de la España autonómica nombrando a todas las comunidades autónomas actualmente existentes.
c) Cerrar definitivamente el bloque competencial, evitando el máximo las competencias compartidas que se ha demostrado son foco de permanente reivindicación y tensión entre el Estado y las comunidades autónomas.
d) Hacer lo propio con las competencias de carácter exclusivo para diputaciones y ayuntamientos.
e) Supresión de la disposición transitoria cuarta que posibilita que Navarra pueda incorporarse al Consejo General Vasco. Dicha supresión sería forzada si se cumple lo propuesto en el apartado b) de este punto.
a) Modificar el sistema de elección de los jueces y miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, minimizando al máximo la intervención de los partidos políticos.
b) Establecer la incompatibilidad para jueces y magistrados que se dedican a la actividad política, para que su vuelta a la magistratura no pueda producirse de facto una vez abandonado el cargo, si no que esta debe producirse pasado un tiempo prudencial desde su cese a su reincorporación (mínimo dos años)
c) Establecer un Plan de Formación para la Administración de Justicia que mejore todo el sistema de selección, especialización y retribución.
d) Unificar, informáticamente, todo el Sistema Judicial tal como lo tiene la Hacienda Pública, de manera y forma que en cualquier instancia judicial del territorio español los jueces, fiscales y secretarios de juzgados tengan acceso a toda la información de su competencia, con independencia de la comunidad autónoma a la que pertenezcan.
Establecer un sistema educativo único e igual para toda España en base a:
a) Optimización del sistema educativo evitando todo tipo de adoctrinamiento político e ideológico.
b) Situar al alumno y al profesor en el centro del sistema educativo con la participación activa de los padres.
c) Diseñar un plan quinquenal de Estado de calidad educativa.
d) En base al punto c), establecer un Plan de Evaluación Continua de calidad educativa para directores, profesores y centros.
e) Profesionalizar los cargos de director y secretarios de los centros escolares, modificando el sistema de gestión educativa para homologarnos al modelo de los países más avanzados; y todo ello bajo el principio de calidad y excelencia.
f) Establecer un estatuto del personal docente con criterios claros de su carrera profesional, destinados a mejorar la selección y formación de todo el profesorado.
g) Mención especial y consideración tendrá la formación profesional como base primigenia de preparación y formación para optar, en un futuro profesional, a puestos de trabajo de calidad.
A modo de simple anunciado:
a) Plan Nacional del Agua.
b) Garantizar el sistema de pensiones y su revalorización dentro del Pacto de Toledo.
c) Pacto para la supresión de empresas públicas, consorcios, agencias y otros organismos improductivos –tanto estatales, autonómicos como locales– que para lo único que sirven es para una política de nepotismo que en muchos casos dificulta la agilidad y transparencia exigible a toda Administración Publica, duplicando funciones.
d) Pacto para establecer políticas activas a favor de la familia, que necesariamente deberá contar con un plan especial de natalidad, conciliación laboral y vulnerabilidad; garantizando así, todos los servicios básicos a la familia, con independencia de sus recursos económicos.
e) Pacto Nacional para el empleo y acceso a una vivienda digna destinado a los jóvenes.
f) Establecer un gran pacto social que dé cobertura a todas las personas y familias que presentan un grado mayor de vulnerabilidad.
g) Establecer un gran pacto que de estabilidad a las finanzas públicas, buscando el equilibrio presupuestario real y reducir paulatinamente el déficit público de las administraciones. Ello pasa necesariamente por la lucha contra el fraude fiscal y la reorientación presupuestaria, suprimiendo organismos y entes públicos innecesarios, como ya hemos apuntado.
Joan Huguet es abogado, ex presidente del Consell de Menorca y del Parlament de les Illes Balears, ex vicepresidente del Govern y ex senador de España.
