En este sentido, han recordado que el sindicato dispone del servicio del defensor del profesor "para prestar apoyo psicológico y jurídico ante situaciones conflictivas".
Este servicio presenta anualmente un estudio sobre convivencia escolar. En el último se señala que "las agresiones y amenazas de alumnos hacia los profesores representan el 7% de los casos analizados".
No obstante, matizan desde ANPE, "no se trata solo de agresiones físicas con resultado de lesiones, sino de insultos, coacciones y otras actuaciones que atentan contra la convivencia".
Por este motivo, el sindicato exige el cumplimiento de los Decretos de convivencia así como las Normas de conducta establecidas en los centros; amparo legal a los profesores desde la administración educativa y desarrollo de una ley de autoridad; asistencia psicológica a los profesores que han sufrido alguna situación que ha derivado en daños psicológicos; preparación para la resolución de conflictos, incluida en la formación inicial y continúa de los docentes; y revisión de la Ley del Menor.
