Según el escrito del Ministerio Fiscal, la banda se constituyó como "grupo estable" a mediados de 2016 y su actuación se prolongó hasta agosto de 2017, cuando fue desarticulada por la Guardia Civil. Se dedicaba a robar, presuntamente, en viviendas unifamiliares y establecimientos aislados de los núcleos urbanos.
Siguiendo con el escrito acusatorio, el cabecilla de la banda era J.M.L.L., quien distribuía las funciones. Entre otras tareas, unos compraban los instrumentos para acceder a los inmuebles (hachas, mazas, cizallas...); otros los escondían cerca de los objetivos el día antes del asalto; otros vigilaban las empresas y domicilios para conocer los horarios y otros, finalmente, efectuaban los robos.
Las penas más elevadas son las que se piden para el líder de la organización, 12 años de cárcel, para otras dos personas que se enfrentaron a varias guardia civiles antes del arresto y para otro que fue sorprendido con sustancias estupefacientes. Sus penas oscilan entre los 10 años y los 12 años y un mes de cárcel.
A nivel general, están acusados de organización criminal, robo con fuerza, atentado a los agentes de la autoridad, lesiones y a uno de ellos se le imputa un intento de homicidio a un guardia civil.
