En declaraciones a los medios, el conseller de Movilidad e Infraestructuras del Consell, Iván Sevillano, ha concretado que el nuevo contrato, en vigencia a partir del 1 de enero, tendrá un coste aproximado de 10 millones al año, dependiendo del número de inspecciones, y ha añadido que se venía de uno "muy antiguo y obsoleto" que "no daba capacidad a la institución" para poder mejorar el servicio.
Más concretamente, por lo que respecta a la disminución del precio, que tiene que elevarse al próximo pleno, Sevillano ha justificado que "no es que la empresa gestionara mal", sino que "podrían hacerse ciertas cosas mejor" y, en este sentido, ha considerado que "obtenían una ganancia que no se corresponde con la realidad actual".
"La empresa seguirá teniendo un rendimiento económico positivo, como no puede ser de otra forma, pero quizá el que tenía hasta ahora era ciertamente elevado. Lo podemos aprovechar y aplicar el gasto en favor de la ciudadanía", ha explicado el conseller.
Asimismo, ha informado de que los 10 millones anuales del contrato son estimativos, ya que se pagará en función de las inspecciones realizadas, "que es lo lógico y coherente", y se eliminará la parte fija que "aumentaba significativamente el coste".
En relación al tiempo medio de cita previa, el Consell ha previsto que se establezca en 13 días, si bien Sevillano ha reconocido que el mismo 1 de enero "será imposible", por lo que desde la institución "prevén un periodo de transición para llegar al tiempo estipulado".
"A partir del 1 de enero de 2020 la empresa tendrá que empezar a reducir el tiempo de espera de forma drástica y mientras los plazos sean razonables, el Consell actuará en coherencia. No podría aventurarme a dar una cifra de cuando se llegará a los 13 días pero no es cuestión de años, sino de meses", ha explicado.
Por otro lado, Sevillano ha sostenido que la institución insular también incluirá cláusulas sociales y medioambientales con la contratación en centros de ocupación especial y el fomento de la energía solar y térmica.
En este sentido, Sevillano ha avanzado que el Consell tendrá la capacidad de "penalizar" y "sancionar" a la empresa si no cumplen con los requisitos y las previsiones estipuladas en el nuevo contrato de adjudicación, que tiene una durada de dos años prorrogables.
Por lo que respecta a los puestos de trabajo, el conseller ha explicado que está prevista la contratación de 21 trabajadores nuevos y ha asegurado la continuidad de los existentes que, de hecho, tenían que ser subrogados con la nueva empresa adjudicataria, en el caso que fuera diferente, pero igualmente sigue siendo la misma.
Preguntado por el parque de ITV de Calvià, Sevillano ha dicho que el Departamento "ya ha empezado con la elaboración de los estudios previos" y, "en cuanto se pueda", se abrirá el proceso de licitación. Por lo que respecta a tiempos, el periodo de dos años "es la fecha más conservadora".