Con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears, el parque acuático corre riesgo de ser derruido, al considerar que el argumento de que se trata de una "construcción desestacionalizadora" no es válido para haber cambiado el suelo rústico a interés general tal y como hizo el gobierno del PP en 2014.
Así, el conseller de Territori del CIME, Miquel Company, ha explicado que "estamos mirando todos los pasos que se dieron en 2014 con los informes técnicos y jurídicos que en el principio no eren muy favorables y también la relación que hubo con Turisme del Govern que dio la licencia con unos informes que no cumplían todos los parámetros".
En caso de no ser modificada la sentencia, el Consell de Menorca se podría enfrentar a indemnizaciones millonarias de entre 40 y 50 millones de euros.
