Según ha explicado el director de la entidad, Josep de Luis, a Europa Press, "lo mejor que se puede decir de la pasada legislatura es que no se retrocedió", aunque sin embargo, para él, "no se avanzó" respecto a medidas que fomenten la lengua catalana.
"El futuro del catalán no se decidirá desde nuestra institución, se decidirá desde los poderes públicos", ha explicado de Luis, que ha añadido que la OCB ha enviado a los nuevos políticos electos la batería de medidas resumidas en un documento que lleva el título de 'La OCB delante del ciclo electoral 2019'.
En dicho documento se enumeran quince medidas orientadas a perfilar la actuación de los gestores del Govern, otras diez para los de los consells y otras doce para los políticos que trabajan en los ayuntamientos de Baleares, todas ellas basadas en las 136 medidas del Plan general de normalización lingüística elaborado por el Consell Social de la Lengua Catalana.
Josep de Luis ha destacado que la entidad pide al nuevo Govern que se ponga en marcha la Oficina de Derechos Lingüísticos para garantizar "el derecho de los ciudadanos a utilizar la lengua catalana" o que se empiecen a crear las condiciones técnicas para poder hacer llegar a las islas los canales de TV3 y Esports 3, y las emisoras de radio por FM 'Catalunya Informació'.
También piden al Gobierno central que solicite a las instituciones europeas que reconozcan el catalán "como una lengua oficial más", ya que, según apuntan, actualmente cuenta esta oficialidad tiene "restricciones" de aplicación en el territorio español.
Para los consells, piden que todos los cargos públicos hagan sus intervenciones en catalán, crear la figura del 'dinamizador lingüístico' como punto de conexión entre las iniciativas de las instituciones insulares y los ayuntamientos, así como ofrecer ayudas económicas para la normalización lingüística de entidades, asociaciones o colegios profesionales.
Para los ayuntamientos, proponen entre otras medidas garantizar que todas las publicaciones de los consistorios sean en catalán, que los alcaldes "hagan un llamamiento público para que los ciudadanos usen la lengua catalana" o aplicar un plan de acogida municipal para los inmigrantes que incluya el fomento de la lengua catalana.
La entidad celebra, sin embargo, que las fuerzas políticas resultantes de las pasadas elecciones sean "teóricamente favorables a la normalización", pero de cara a la legislatura 2019-2023, dicen, "no caben excusas para no considerar las políticas culturales y lingüísticas como prioritarias".
