Según datos facilitados a Europa Press por el Ministerio de Justicia, en 2018 pidieron la nacionalidad española por residencia 209 británicos, una cifra ligeramente superior a la de 2017 (181) pero mucho más alta que la de 2016, cuando apenas la pidieron 33 --en 2015 la cifra fue algo superior, un total de 50--. Los datos, no obstante, no son exhaustivos, porque no incluyen las peticiones no presentadas por vía electrónica.
Por otro lado, llama la atención el aumento exponencial de los británicos que han pedido la nacionalidad española por ser sefardíes: empezando por solo dos personas en 2016 --primer año completo de vigencia de esta ley--, 16 en 2017 y hasta 50 en 2018.
El hecho es que la ley que concede la nacionalidad española a los sefardíes permite a sus beneficiarios conservar su nacionalidad de origen, una posibilidad que no existe para los británicos que piden la nacionalidad por residencia, explican fuentes de la asociación Eurocitizens, que representa a británicos residentes en España.
La asociación lleva tiempo pidiendo al Gobierno español que contemple la doble nacionalidad para los británicos afectados por el Brexit que cumplan determinados requisitos, una opción que actualmente solo tienen, aparte de los sefardíes, los que fueron brigadistas internacionales en la Guerra Civil española.
Según Eurocitizens, los británicos residentes en España están actualmente "atrapados entre el limbo del Brexit", que actualmente no tiene fecha y que recortará sus derechos, la ausencia de doble nacionalidad y el "colapso administrativo" que ha generado larguísimos retrasos en la tramitación de los expedientes.
El presidente de la asociación, Michael Harris, que presentó sus papeles hace dos años, opina que "lo peor para los solicitantes" no son los requisitos --entre ellos 10 años de residencia y superar pruebas de lengua y cultura-- sino "la larga espera y la incertidumbre". Actualmente están sin resolver unos 360.000 expedientes.
Según explica, en España una solicitud puede tardar en tramitarse más de tres o cuatro años, mientras en Reino Unido y Alemania el plazo medio es de unos seis meses. Semejante demora, avisa, puede "afectar profundamente el futuro de un solicitante que quiera optar a un empleo público", o privar de derecho al voto a hasta 400.000 personas, aunque cumplan los requisitos y hayan pagado las tasas.
