Así lo ha indicado el presidente de la Asociación de Constructores, Eduardo López, durante una rueda de prensa. La mayor parte de la cifra total de inversión corresponde a iniciativa privada, que supone 1.581 millones de euros, un 16% más que en 2017. Mallorca es la gran impulsora de la inversión privada, con un repunte del 23% (hasta 1.006 millones), mientras que decrece en el resto de islas (un 14% en Menorca y un 1,6% en Eivissa y Formentera).
Por su parte, la inversión pública supone 414 millones, un aumento del 13,5%. López ha destacado el incremento de la inversión autonómica, que sube un 76% en un año, y ha atribuido esto al efecto de las elecciones de mayo. Además, ha apuntado que la inversión en 2017 fue particularmente inferior, pero en todo caso el nivel de 2018 es similar al de 2016.
En 2018 el número total de viviendas visadas creció cerca de un 32% en comparación al año anterior, hasta las 3.370. También crece la inversión que se contempla para construirlas, un 16%, hasta los 1.045 millones.
La inversión es similar a la que había en 2003, pero la cifra de viviendas es muy inferior. Entonces, con un nivel de inversión semejante, se construían 7.290 viviendas, más del doble que las previstas en 2018. Esto implica, como ha avisado la patronal, que se están construyendo "viviendas de poder adquisitivo muy alto" y eso "es un problema para las clases medias y bajas" porque los precios "son prácticamente inalcanzables".
En esta línea, la patronal considera que con las leyes que se han ido aprobando no van "por buen camino". "Si no cambiamos este tipo de política no vamos a llegar a conseguir el objetivo de tener viviendas para la clase media y baja", ha avisado López.
En cuanto a la construcción de viviendas de protección oficial, el número de proyectos visados ha crecido un 86%, con 80 viviendas proyectadas, la mayoría en Mallorca. Con todo, López ha matizado que al margen de lo proyectado, se han construido únicamente cinco VPO. Igualmente, la patronal ha hecho hincapié en que no se ha proyectado ninguna VPO en Eivissa y Formentera en los últimos dos años, a pesar de "los graves problemas de vivienda" que padecen.
Sumando los últimos siete años la proyección de VPO es de 235 viviendas en las cuatro Islas, un dato "ridículo" para los constructores, que recuerdan que antes de la crisis en un solo año se visaban entre 200 y 300. Sólo en 2003 los proyectos visados fueron 403, y en 2006, 634. En cambio, en 2012 hubo 4 visados de VPO y en 2015, ninguno.
La Asociación ha lamentado que las políticas de vivienda pública van dirigidas a la promoción de VPO destinada al alquiler pero no hay ayudas a la compra como en la década de los 90.
Así, han señalado, existe un sector de la población, de clase media, que podría afrontar sin dificultad las cuotas de una hipoteca, pero no tiene suficiente ahorro para la entrada -de alrededor del 32% del precio de la casa como mínimo-. Dado que las políticas públicas enfocadas al alquiler se dirigen a las clases más bajas, "la clase media se queda abandonada", ha advertido el vicepresidente de la Asociación, Óscar Carreras.
Para la entidad, estas políticas "impiden la promoción privada de VPO" porque los promotores privados no pueden asumir el coste de construcción de viviendas de protección oficial debido a que "todas las ayudas van destinadas al alquiler, dejando en mano de administraciones públicas toda su promoción". "Los promotores no se arriesgan a financiar un proyecto que el retorno tardará 15 o 20 años. Este tipo de VPO no son viables económicamente para un promotor pequeño", han lamentado.
Hasta 2011, la promoción privada representaba el gran peso de la promoción de VPO. En este contexto, los constructores entienden "comprobado" que "sólo contando con la promoción pública no se puede atender las necesidades de la ciudadanía". Carreras ha señalado también que "en periodo electoral hay una gran inversión a cinco años vista" pero son "soluciones de tapar agujeros cuando interesa". También descartan que el problema sea una falta de suelo público, porque "la cantidad de suelo que tiene el Instituto Balear de la Vivienda es enorme".
Los datos de la Asociación de Constructores de Balears reflejan un "buen año" en cuanto a inversión turística, aunque "muy desigual" entre las diferentes Islas. La cifra global es de 363,3 millones, un 8,21% más en total, pero en Menorca ha bajado un 30,5%. Lo compensan Pitiüses con un aumento del 21% y Mallorca que sube un 10%.
Los constructores atribuyen la mejora global al periodo de ventajas previstas en las políticas que se realizaron para impulsar las reformas de la planta hotelera, pero debido a los cambios legislativos prevén una ralentización en 2019 "porque no se han hecho políticas substitutivas y compensatorias de la ley general turística".
En cuanto a la industria y el comercio, la inversión constructora sube un 43,4% y alcanza los 123 millones, pero continúa por debajo del nivel de 2003.
El empleo en construcción se sitúa en 52.125 trabajadores en 2018, un 7% más que en 2017, y para la Asociación esta cifra "se aproxima a la idónea", que sería de 55.000 trabajadores en una situación de estabilidad.
En cuanto a las previsiones de 2019, la Asociación de Constructores considera que la cesión obligatoria de viviendas por parte de los promotores, considerados grandes propietarios de vivienda por la ley autonómica, "no va a hacer más que empeorar el acceso a la vivienda". Han apuntado también que la normativa "continuamente cambiante" de los alquileres también favorece que éstos sigan incrementándose.
En cuanto a la licitación de obra pública, los constructores auguran una reducción "considerable" a partir del segundo semestre del año, al haber pasado las elecciones autonómicas y estatales. Igualmente esperan una reducción de las inversiones del sector turístico por "la falta de incentivos destinados a las reformas de establecimientos hoteleros.
Según la Asociación, las principales dificultades para el sector siguen siendo el "retraso desmesurado" en la tramitación administrativa de los proyectos; la "gran inseguridad jurídica" por los constantes cambios normativos; y las dificultades para incorporar mano de obra cualificada.
En cuanto a un cambio de escenario en la situación de la vivienda, López ha indicado que "es complicadísimo que alguien tome las riendas" por el "galimatías de normativas" y la distribución de competencias de vivienda, de urbanismo y de territorio entre el Govern, Consells y Ayuntamientos.
