Añade el Ministerio Público que la detención este martes de dos policías en el marco de la investigación de un delito continuado de revelación de secretos no tienen relación alguna con estas intervenciones.
La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un comunicado en el que asegura que la detención del ex jefe del grupo Blanqueo de Capitales de Baleares de la Policía Nacional y de otro agente "se han llevado a cabo con carácter previo a la eventual apertura de los teléfonos y dispositivos" a una periodista de Europa Press y otro del Diario de Mallorca.
En este sentido, explica que "aquella intervención de teléfonos no tuvo por objeto localizar o descubrir las fuentes de información supuestamente en poder de los periodistas", sino "que ya eran conocidas por otras vías de investigación". Es más, indica que las detenciones demuestran el "aseguramiento de los efectos materiales procedentes del delito".
La investigación continúa bajo secreto, recuerda la Fiscalía. Además, hace hincapié en que "en caso de ser necesario" el acceso al contenido que almacenan los dispositivos electrónicos intervenidos se hará en "un momento posterior" y siempre cuando se ponga previamente "en conocimiento de las personas afectadas".
El pasado martes, 11 de diciembre, agentes de la Policía Nacional se personaron en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press para requisar documentación y equipos corporativos y personales en el marco de una investigación dentro del caso Cursach. Se llevaron un teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos. Asimismo, también requisaron el móvil personal a un periodista de Diario de Mallorca.
Por estos hechos, ambos medios de comunicación y los dos periodistas afectados han presentado una querella contra el juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit, que ordenó la incautación de teléfonos móviles a dos periodistas de estos medios con el objetivo de determinar el origen de una información. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) la ha admitido a trámite, por lo que investigará si el magistrado ha incurrido en un delito de prevaricación.
