Además de Baleares, han suscrito este acuerdo otras nueve comunidades: Galicia, Cantabria, La Rioja, Murcia, Valencia, Canarias, Asturias, Madrid y Castilla y León, que aportarán 50.000 euros al fondo de ayudas. Por su parte, la Agencia Española de Cooperación destinará un millón de euros cada ejercicio.
Con este convenio se busca mejorar la coordinación de las ayudas para aumentar la eficacia de los proyectos y perfeccionar los mecanismos de seguimiento y evaluación de las intervenciones humanitarias, según ha informado este domingo el Ejecutivo asturiano a través de una nota de prensa.
Las acciones previstas se desarrollarán en el ámbito de la prevención, la emergencia, la atención a crisis crónicas y la protección de las víctimas. Por ello, se priorizarán la seguridad alimentaria y la nutrición, la mejora de las infraestructuras de saneamiento, higiene y salud, y la financiación de proyectos en otros sectores como educación en emergencias o acogida.
El acuerdo establece, además, la creación de un fondo común para atender crisis sobrevenidas, complejas o de mayor duración de lo esperado, que requieren de una acción conjunta de todas las administraciones públicas.
Con una duración de cuatro años y una presidencia rotatoria de la comisión de coordinación entre las comunidades autónomas, el convenio especifica que las actuaciones que se lleven a cabo a su amparo deben cumplir con las Directrices de Oslo, los Principios y Buenas Prácticas de Donación Humanitaria, el Consenso Europeo de Ayuda Humanitaria, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 y los compromisos adquiridos por España en la primera Cumbre Mundial Humanitaria y su Agenda para la Humanidad, para dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de mayor vulnerabilidad en las crisis humanitarias.
Así, se deberán priorizar, desde un punto de vista transversal, los enfoques de derechos, sostenibilidad medioambiental, diversidad cultural y de género. También debe prestarse una atención especial a personas en situación de mayor vulnerabilidad como menores de edad, especialmente no acompañados; personas mayores; víctimas de violencia sexual, de violencia de género y de trata de seres humanos; refugiados o desplazados y otros colectivos bajo el amparo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
