Las entidades han recordado este miércoles en un comunicado conjunto que el Govern aprobó en 2017 la continuación de la autopista de Llevant en nueve kilómetros, entre Campos y Llucmajor, proyecto que se adjudicó a la UTE Copisa-Afex.
En este sentido, las entidades GOB, Amics de la Terra, Terraferida, Vianants en Lluita, Via Verda Alaró, Salvem Portocolom y la Plataforma Antiautopistas han explicado que esta empresa es "muy conocida en Cataluña por su relación con los grandes casos de corrupción de los últimos años".
Los ecologistas han dicho que la empresa tiene relaciones con el Caso Palau, el 'tres per cent' o la familia Pujol.
Asimismo, las asociaciones han detallado que esta compañía "sale en 36 sumarios penales", y en "algunos de ellos los jueces relatan todo un 'modus operandi' corrupto", detallando "las formulas de pago y cuantías de los sobornos".
De esta manera, 
han asegurado que la empresa está "inmersa en toda una trama de donaciones de dinero a fundaciones satélites de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a cambio de contratos millonarios, al Consorcio de Educación de Barcelona, al Puerto de Barcelona y a multitud de contrataciones públicas".
Además, las organizaciones han dicho que el proyecto del Consell "incumple los 'Acords pel Canvi', firmados por MÉS, PSOE y Podemos". En este sentido, han alegado que el proyecto de la autopista es "desmesurado, depredador de territorio y carísimo, además de suponer la continuación de un modelo de movilidad de gran impacto que ha fracasado".
También han dicho que el proyecto es "calcado al del PP, pues solo se ha rebajado un metro, pasando de 43 a 42 metros de anchura".
