Así lo ha anunciado el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, quien ha detallado que la normativa contempla limitaciones a los vehículos diesel en 2025 y el cierre o reconversión de centrales. Igualmente, ha explicado que la intención es que se realice una transición energética "justa" con diferentes etapas.
En este sentido, se establece como objetivo en 2030 que el 35% de la energía sea renovable y se produzcan un 40% menos de emisiones. Actualmente, en Balears tan solo se produce un 2% de energía limpia.
Si bien, Pons ha comentado que ya se están tramitando proyectos que permitirían el 10% de producción de renovables en 2020. Para alcanzar el 35%, el conseller ha reconocido que "quedaría un salto importante" pero ha confiado en que las nuevas políticas permitan alcanzarlo.
Entre las novedades que incorpora el texto que deberá tramitarse en el Parlament se encuentra que las empresas de alquiler de coches tengan que comunicar su flota y nuevas adquisiciones desde el próximo año. Además, tendrán que identificar sus vehículos.
La ley contempla que las flotas de alquiler incorporen nuevos vehículos sin emisiones desde 2020 y que la proporción mínima vaya incrementando progresivamente hasta alcanzar el 100% en el año 2035.
En cuanto a la placas fotovoltaicas, Pons ha explicado que deberán instalarse en los nuevos aparcamientos y edificios a partir de 1.000 metros cuadrados. En los ya existentes se deberán instalar en los aparcamientos de más de 1.500 metros cuadrados y que generen más de 50kW.
Para poder abastecer a la población, el conseller de Territorio ha reconocido que es insuficiente con únicamente la parte de suelo urbano, por lo que será necesario que en una parte de suelo rústico se puedan instalar estas placas.
Para ello, la ley pide a los Consells Insulars que zonifiquen aquellas partes en las que se puedan adaptar mejor estas instalaciones, ya bien sea porque son las más degradadas o en las que generen un menor impacto.
Pons ha destacado que el trabajo se ha fundamentado en un amplio proceso de participación, con más de 2.000 voces implicadas (empresas, entidades sociales, asociaciones y particulares).
En la fase de exposición pública, 46 entidades y asociaciones presentaron alegaciones, y también se presentaron más de 340 propuestas.
De ellas, el 68% se ha incorporado totalmente o parcialmente y otra parte se podrá sumar cuando se realice el desarrollo reglamentario de la Ley. El 19% se ha desestimado por "ser contradictorias o porque iban en contra del espíritu de la ley".
La Ley crea los organismos públicos que tienen que garantizar y velar para hacer efectiva la transición energética y la coordinación y la aplicación de la estrategia de lucha contra el cambio climático.
Entre estos organismos, está el Consejo Balear del Clima, que garantizará la participación permanente de la sociedad civil en la toma de decisiones; el Comité de Expertos, que graduará y adecuará el cumplimiento de objetivos a la situación real de cada momento, y el Instituto Balear de la Energía (IBE), encargado del fomento y la ejecución de actuaciones en materia de eficiencia, de gestión y de ahorro energéticos, y de energías renovables.
