Para la patronal, esta decisión "se reduce a una prohibición expresa y arbitraria de la implantación de viviendas de uso turístico en el término municipal de Palma".
Según Fevitur la zonificación propuesta "carece del rigor jurídico exigible" y supone "la expulsión directa" de un sector importante de la oferta de alojamiento turístico, así como la implantación de "una barrera de entrada para nuevos operadores".
El presidente de la entidad, Bartolomé Gomila, ha manifestado que "esta nueva regulación consolida la posición de los alojamientos hoteleros tradicionales y supone una vulneración de la libre competencia".
En su escrito de alegaciones, la patronal alega que los informes sobre los que se apoya la zonificación "no ofrecen datos" que permitan ser contrastados y "únicamente contienen premisas arbitrarias que atribuyen a las viviendas turísticas vacacionales la responsabilidad sobre el aumento del precio de la vivienda de alquiler, el impacto ambiental y la ruptura de la configuración de los barrios que la Administración, por dejadez o por incapacidad, no ha sido capaz a resolver".
En este sentido, Fevitur apela al estudio 'El impacto de las estancias de uso turístico en el mercado del alquiler residencial en Palma de Mallorca'. En este informe, presentado en abril, se identifican tres factores que se pueden atribuir al aumento del precio de la vivienda de alquiler: el aumento del empleo, el crecimiento económico y el aumento demográfico.
Para Fevitur, este estudio desmonta las presunciones que fundamentan la zonificación que plantea el Ajuntament de Palma.
Gomila considera que el Ajuntament de Palma ha realizado un "claro abuso de sus competencias" y ha tomado "decisiones manifiestamente contrarias a derecho a sabiendas de su ilegalidad".
Por esto, cree que están obligados "a dejar sin efecto la zonificación inicialmente aprobada" y a replantearla al amparo de estudios e informes actualizados y representativos de la realidad de la ciudad"
