Se trata de un acuerdo adoptado por el Ajuntament tras una negociación con los sindicatos en 2016, y que fue impugnado por la Delegación del Gobierno en Balears. En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma desestimó el recurso de la Delegación del Gobierno pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha revocado esta decisión.
El acuerdo del Ajuntament establecía el abono del concepto de carrera profesional y lo dotaba presupuestariamente con 1,7 millones de euros. Los empleados públicos del consistorio han percibido el complemento a lo largo de 2017, aunque no al cien por cien porque se negoció que la recuperación se hiciera de forma fraccionada.
Según ha explicado Ginard, la Delegación del Gobierno pedía medidas cautelares para suspender el pago de este concepto alegando que el daño podría ser "irreparable" para las arcas públicas, un argumento que no comparten los sindicatos.
Además, desde CCOO han recordado que el acuerdo del Ajuntament, que afecta a unos 2.500 trabajadores, pasó los controles de intervención del Ajuntament de Palma, "que tienen la obligación de velar por los intereses de la administración local".
"Siguen anclados en el año 2012 y estamos en 2018", ha reprochado Ginard, que ha recalcado que la de Balears es "la única delegación que ha impugnado la carrera profesional en toda España".
Por todo ello, los sindicatos se han concentrado este martes ante la Delegación para avisarle de que "éste no es el camino" y pedirle que desista del proceso.
