A raíz de una sentencia (después de ser rechazado un recurso de casación) el Govern tendrá que devolver 7 millones de euros adjudicados por el Estado para el proyecto de s'Enclusa del Centre d'Interpretació de la Reserva de Biosfera.
La historia de este proyecto viene de atrás. El Govern firmó con el Estado entre el año 2009 y 2010 varios convenios financiados con los Fondos Estatutarios. Estos convenios le permitían al Govern recibir en su firma un adelanto importante de los recursos necesarios para su ejecución.
El convenio de s'Enclusa se firmó el noviembre de 2009. En ese momento, se contaba con un anteproyecto fruto de un proceso participativo en el ámbito de toda la isla, con la participación, incluso del PP. No es novedad que el PP nunca aceptó este proyecto (excepto a nivel local). Este anteproyecto está pensado para la máxima autosuficiencia y sostenibilidad ambiental.
Con todo, y conociendo la posición del PP, se entiende perfectamente que en todo este tiempo (mayo 2011 a febrero 2015) no se hizo prácticamente nada. No fue hasta noviembre de 2014 que se hizo el primer paso en este proyecto: encargar una nueva redacción del proyecto a TRAGSA sin tener en cuenta las entidades que formaron parte del proceso participativo. Un proyecto que nunca vio la luz.
Entonces se intentó negociar una nueva prórroga, pero después de no haberse hecho avances, el junio de 2015, desde Madrid, se abrió un expediente de devolución de los recursos. Un mes después acabó con la reclamación formal de los 7 millones de euros y meses después reclamada judicialmente, con sentencia desfavorable por el Govern.
Paralelamente, el 2015, la presidenta del Govern y el ministro Montoro firmaron un protocolo de intenciones para permitir la financiación del proyecto de s'Enclusa, aunque no fuera con fondos estatutarios. Aunque este protocolo aún no se ha materializado en ningún acuerdo de financiación.
