Así lo ha destacado en rueda de prensa, el diputado de Podemos Aitor Morrás, quien ha presentado junto con el diputado del PSIB Damià Borràsu y la parlamentaria de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar, el resto de las enmiendas pactadas que se presentan a la "primera" Ley de Vivienda de la Comunidad, una nueva normativa de la que han dicho sentirse "orgullosos".
"Hemos pactado una ley de vivienda que es una victoria no sólo de los grupos políticos sino de la gente y de todos los movimientos sociales que han luchado con fuerza en las calles contra los desahucios, con los que avanzamos de la mano porque la vivienda sea un derecho y no una carga para toda la vida", ha destacado Morrás al respecto.
Este jueves, Podemos ya presentó las 6 grandes enmiendas que ha liderado la formación, "acordadas con el Govern y que formarán parte de la futura ley", con las que, según ha insistido, se "garantiza, por primera vez, el derecho a la vivienda a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión".
"Estamos muy orgullosos de transformar la vivienda de un problema en un derecho y que deje de ser una carga para las familias", ha remarcado Morrás.
Este viernes se han presentado el resto de enmiendas, cerca de 60, que tienen como objetivo fundamental "desmercantilizar el derecho a la vivienda" y que reconocen "la vivienda como un derecho con el que entendemos no debe especular".
Así, Morrás ha precisado que con el finalidad de que la vivienda "poco a poco deje de ser una mercancía", han presentado una enmienda que cede el suelo a cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso, facilitando así a las familias que puedan formar cooperativas y conseguir que el gobierno les garantice vivienda más barato.
El parlamentario de Podemos ha explicado que la ley "garantiza que la vivienda pública se mantenga en propiedad de la administración, de modo que la condición de VPO será permanente".
Además, según ha dicho, se han conseguido la VPO nueva se destine únicamente al alquiler y no a la venta, "de forma que el endeudamiento recae sobre la administración y no sobre las familias", ha aseverado.
También ha apuntado que la Ley garantiza un alquiler, que mediante otra enmienda se denomina 'alquiler social', y que es el 30% de los ingresos de la unidad familiar.
Morrás ha esgrimido que uno de los elementos centrales de la Ley es limitar el impacto del turismo en el derecho a la vivienda, "uno de los problemas más urgentes de estas Islas", y por esto introducen otra enmienda por la que se "imposibilita destinar vivienda en uso turístico cuando se han llevado a cabo obras con ayudas o convenios de colaboración con la Administración".
También se garantiza que los Consell Insulares, de acuerdo con sus competencias en materia social, puedan actuar en materia de exclusión residencial y vulnerabilidad habitacional, ha añadido el diputado de Podemos, quien ha precisado que de este modo, las instituciones insulares podrán adquirir suelo y edificaciones para destinarlas a uso social, "un patrimonio que podrán ceder a otras administraciones públicas".
El diputado de Podemos ha explicado que, además, se garantiza que el Govern presente un Plan de vivienda pública para que en 10 años disponga del número suficiente de viviendas que permita dar respuesta a la necesidad habitacional a un mínimo de 5.000 familias.
Actualmente hay alrededor de 2.000 personas en las listas de espera del Ibavi.
También se ha creado también el Servicio de Vivienda Desocupado (que primero se había llamado Oficina de Vivienda Desocupado), que llevará el registro de las viviendas desocupadas de las Islas de aquellos propietarios de más de 10 viviendas que lleven desempleadas más de 2 años, y hará de intermediario entre propietarios y arrendatarios para su uso, "mejorando el seguimiento de las políticas públicas de movilización de la vivienda desocupada para activar su función social alojando a familias en régimen de alquiler anual".
"Estamos muy orgullosos de esta primera Ley de Vivienda de Baleares en la que hemos conseguido que por primera vez las personas en riesgo de exclusión residencial, mujeres víctimas de violencia machista, personas con un grado de discapacidad superior al 33% entre otros, puedan reclamar al Govern, ante los tribunales, en el caso de no se les dé una solución habitacional o ayudas para garantizar una vivienda digna", ha remarcado el diputado de Podemos.
Por su parte, la diputada de MES por Mallorca ha destacado que uno de los objetivos de las enmiendas presentadas es promover la rehabilitación como herramienta para evitar la gentrificación de determinados barrios a los que después de padecerla sólo tienen acceso las personas con un alto poder adquisitivo", ha dicho.
"Las ayudas deben dirigirse a los propietarios y propietarias que tengan menos recursos", ha añadido Campomar, quien ha recordado que las personas que tienen las rentas más bajas son las que tienen más riesgo
de sufrir los problemas asociados a la mala calidad de la vivienda.
El diputado socialista Damià Borrás ha compartido la satisfacción por este gran acuerdo en la Ley de Vivienda entre los diferentes partidos del Pacte, y en que también han participado Consells y ayuntamientos.
"Es una buena ley que garantiza que las políticas sociales en materia de vivienda tengan perdurabilidad en el tiempo, gobierne quien gobierne, y que sitúan las Islas a la altura de los países más desarrollados de Europa", ha apostillado.
