El batle Antoni Mir ha puesto de manifiesto la situación de Alcúdia, considera que es una “incongruencia “ y también ha calificado de “contrasentido que teniendo en el banco el dinero de los ciudadanos, y no se dejen hacer las inversiones necesarias ni se pueda ampliar plantilla para agilizar las tramitaciones de los expedientes que afectan también a la ciudadanía”.
Ha subrayado que “el dinero del pueblo tiene que ser gastados en el pueblo”, teniendo en cuenta los impuestos que se cobran a los ciudadanos, y que tienen que revertir al municipio.
Ha explicado esta reivindicación de la necesidad de inversión, infraestructura, dotación de personal y mejora de la calidad de los servicios hacia el ciudadano, teniendo en cuenta, que se tiene un remanente de 56 millones de euros en el banco y que en cumplimiento de la normativa del gobierno central, no se puede hacer uso.
Antoni Mir ha expresado que “no tiene sentido que teniendo 56 millones de euros en el banco no se nos deje invertir en obras imprescindibles cómo son por ejemplo: dotar de alcantarillado en zonas que no hay, la construcción de un almacén municipal a pesar de que tenemos el solar en el polígono industrial, un nuevo cuartel de la policía local que se podría situar entre Alcúdia y el Port, o el incremento de la plantilla para dar más servicio y comodidad a los ciudadanos de Alcúdia”.
El batle que ha sido acompañado por los regidores y regidoras del equipo de gobierno ha explicado que a través de la carta al Sr. Cristóbal Montoro que fue entregada en mano por la Consellera de administraciones locales Catalina Cladera y remitida directamente por el Ajuntament al Ministerio, hace más de un mes y que no se ha obtenido respuesta. A lo largo de los últimos 3 años, se han hecho gestiones ante delegación del Gobierno, con la FELIB, con la FEMP, y si no se obtiene respuesta seguirán las reivindicaciones y peticiones, de aquello que desde el Ajuntament de Alcúdia, se considera una injusticia, así se crearía si fuera necesario una plataforma con otros municipios que sufren la misma situación por esta ley de sostenibilidad, que, ha dicho el batle, "en el momento de crisis podía ser buena, pero que ahora supone una injusticia por los ayuntamientos que han hecho los deberes".
