Lo ingresos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durante el año 2018, gracias a la bonanza económica y al aumento de la financiación autonómica, crecerán un 12,6%. Pero las leyes de la austeridad aprobadas al principio de la crisis por el Gobierno de Mariano Rajoy y Cristobal Montoro solo permiten a la presidenta Francina Armengol y a su consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, aumentar el dinero destinado a todas las conselleries y servicios públicos en un escueto 6,4%. Es decir, la mitad.
¿Y dónde van a ir los millones de euros que van desde este 12,6% de aumento de los ingresos al 6,4% de aumento posible y permitido de los gastos? A frenar el endeudamiento de la comunidad y a pagar parte de la deuda pública que acumula Baleares. Es decir, a que el Estado tenga que dar menos dinero a Baleares y a que los bancos cobren parte de lo que se les debe.
Esta diferencia entre el 12,6% de aumento de los ingresos y el 6,4% de aumento de los gastos, en moneda contante y sonante, se eleva a 200 millones de euros, céntimo arriba, céntimo abajo. 200 millones de euros que no irán ni a sanidad, ni a educación ni a servicios sociales, sino que irán a que el Govern balear tenga menos déficit público y a pagar parte de la deuda de 1.000 millones de euros que vence en 2018.
La consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, ha valorado negativamente esta cortapisa del Gobierno central a la capacidad de gastar del Govern balear: “Estamos como los ayuntamientos. Ingresamos más dinero del que podemos reinvertir en la sociedad. El Gobierno central nos obliga a dedicar parte de ese dinero, recaudado a través de los impuestos o de la financiación autonómica, a limitar el déficit o a pagar deuda, cuando tenemos enormes necesidades insatisfechas en educación, sanidad y servicios sociales”.
Con estas normas, Rajoy y Montoro siguen las pautas marcadas desde la Unión Europea, que tienen como objetivo limitar el dispendio económico protagonizado en el pasado por las comunidades autónomas y que llevaron al sistema financiero público español al borde de la quiebra.
Cladera, que comprende la prioridad de frenar el gasto descontrolado y comparte la necesidad de evitar futuros problemas, lamenta que, sin embargo, no se tenga presente por parte de Montoro que hay servicios públicos que han padecido fuertes austeridades en los últimos años y deben recuperar la falta de inversiones de los años de la crisis. La consellera, como ejemplo, ha recordado que Baleares padece una situación límite en la enseñanza por la falta de colegios o la obsolescencia de muchos de ellos y, también, la preocupante situación de las depuradoras.
Por lo que se refiere al límite máximo de gasto no financiero para 2018, el Consell de Govern lo ha fijado en 4.086,5 millones de euros. Catalina Cladera, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern ha explicado que esta cantidad supone un incremento del límite máximo de un 6,43% respecto a 2017 (246,9 millones más). De este modo, el límite de gasto no financiero se ha incrementado en 737,33 millones desde 2015, un 20,7% más.
Como ha explicado la consellera, la aprobación del techo de gasto es la base para poder tramitar los presupuestos autonómicos de 2018 y ahora se abre un periodo para distribuir el presupuesto entre las diferentes áreas del Ejecutivo.
Cladera cree que el techo de gasto aprobado "es una buena cifra" porque "recoge al máximo posible el crecimiento económico", dentro de los límites marcados por Hacienda. Ha recalcado que se basa en un entorno de crecimiento que se mantiene ya que se prevé la misma tendencia para 2018.
