El Consell de Mallorca, entidad propietaria de las instalaciones, ha decidido por mayoría política de sus componentes rescatar la concesión administrativa y abrir inmediatamente después las barreras para que circular a través del mismo sea gratuito.
Rescate significa que el Consell da unilateralmente por finalizado el contrato que legitima a la empresa privada a cobrar por cruzar por el túnel a cambio de mantenerlo en condiciones de viabilidad y seguridad, además de financiar los créditos que en su momento se concedieron a la empresa constructora para ejecutar la obra.
El Consell de Mallorca ha valorado este rescate en 17,5 millones de euros. La empresa concesionaria, denominada Globalvia, cuantifica el dinero que debe recibir por la finalización del contrato antes del plazo finalmente marcado en una cifra cercana a los 38 millones de euros. Por tanto, una diferencia abismal.
Este desequilibrio entre lo que se quiere pagar y lo que se pretende cobrar está en este momento en discernimiento en los tribunales. De hecho, el juez del contencioso administrativo número 3 de Palma ha decretado la suspensión de la aplicación del rescate.
Si este procedimiento judicial se alarga, el 1 de septiembre no se levantarán las barreras y los usuarios tendrán que seguir pagando para atravesar el túnel bajo la Serra de Tramuntana. Y eso seguirá siendo así hasta que el juez o futuros jueces sentencien una resolución definitiva.
En una entrevista concedida al programa 'Entre tu i jo' de Canal4 Ràdio, que usted puede escuchar y ver íntegramente en el vídeo que acompaña a esta información, Marc López, secretario técnico de la Conselleria de Mobilitat del Consell de Mallorca ha señalado que, realmente, no saben con quien están pleiteando en los tribunales ya que "el Túnel de Sóller era propiedad de la empresa constructora de Florentino Pérez y las Koplowitz, pero lo vendieron a un fondo de inversiones 'buitre' de China y ahora no sabemos quien está detrás de todo este conflicto".
Esta decisión judicial se ha tomado a petición de Globalvía y ahora el Consell tiene que alegar sus razones para poder seguir adelante.
