A finales del mes de junio el Gobierno de España reclamó a Reino Unido un cambio legislativo que exigiera "pruebas más concluyentes" a la hora de realizar reclamaciones para acabar con las falsas denuncias por intoxicaciones alimentarias entre los turistas británicos que visitan España.
Según la legislación británica, los turistas de Reino Unido pueden realizar las reclamaciones fuera de su país hasta tres años después de haber abandonado la región donde pasaron sus vacaciones
El Ejecutivo de Theresa May prepara un proyecto de ley para limitar dichos costes con el objetivo de que las compañías no rechacen de antemano acudir a los tribunales y frenar así las faltas reclamaciones, según recoge el medio británico 'Daily Mail'.
Como primera medida, se quiere acabar con la laguna legal que permite a los turistas británicos reclamar tras tres años de haber visitado su destino. "La solución comienza con el cierre de esta laguna legal para que los operadores turísticos sepan que pueden defenderse contra los estafadores sin tener que pagar grandes costes", ha afirmado la primera ministra.
Las reclamaciones falsas de los turistas británicos por intoxicaciones alimentarias sufridas durante sus vacaciones en Canarias se han multiplicado un 1.400% en tan solo un año y han provocado que algunos hoteles hayan tenido que desembolsar hasta 500.000 euros para hacer frente a unas denuncias, lo que puede ser una lacra para el sector turístico no sólo de España, sino también de otros destinos europeos como Italia, Grecia o Portugal.
El fraude de las reclamaciones falsas ha empezado a repercutir en los precios de los paquetes turísticos a España en el mercado británico, aumentando los precios para que los hoteleros puedan así afrontar posibles demandas por intoxicación a posteriori que pueden resultar siendo falsas.
La primera ministra británica, Theresa May, ha dicho que planea limitar la cantidad de costes legales que tienen que hacer frente las compañías, intentando así que los precios para los turistas británicos no aumenten.
"Los turistas respetuosos con la ley no deberían tener que pagar más por sus ya duramente ganadas vacaciones de verano debido a las reclamaciones de enfermedad falsas que aumentan injustamente los precios", dijo May.
May aseguró que "las sentencias de prisión duras ya están en vigor para cualquier persona declarada culpable de hacer una reclamación fraudulenta", pero la intención del Gobierno británico es "ir más allá".
De esta forma, el Gobierno británico se compromete a ayudar a detener estos fraudes que "están forzando el coste de las vacaciones en familia y dando a Gran Bretaña un mal nombre en el extranjero".
La iniciativa del Gobierno llega después de que la Asociación Británica de Agencias de Viajes (ABTA) lanzara la campaña Stop Sickness Scams ('Stop a las estafas por enfermedad') entre los propios británicos en la que se advierte de que presentar una demanda fraudulenta en el extranjero puede suponer una condena de hasta tres años de cárcel en el extranjero. La iniciativa, lanzada como apoyo a los miembros de la ABTA y sus socios de la industria turística, cuenta entre otros apoyos con Thomas Cook, TUI, Jet2holidays y Monarch.
