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Manifiesto de las víctimas del terrorismo contra el ‘blanqueo’ de culpas de ETA

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Víctimas de la banda terrorista ETA, políticos e intelectuales han presentado este jueves en San Sebastián un manifiesto para pedir "un modelo de fin de ETA sin impunidad", especialmente ante el anuncio "de una entrega de armas mediática y propagandística" que a su juicio tiene una inequívoca connotación de autoblanqueo".

El manifiesto 'Por un fin de ETA sin impunidad' ha logrado superar, en tan sólo 48 horas, las 4.500 adhesiones entre ellas de muchas víctimas del terrorismo, la expresidenta del PP vasco, María San Gil o el escritor Fernando Aramburu, entre otros.

El texto ha sido promovido por la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundua, el filósofo Fernando Savater, el escritor Teo Uriarte, el sociólogo Joseba Arregi, el catedrático Martin Alonso y el historiador Luis Castells
Ordóñez.

Entre los firmantes hay víctimas de ETA como Ana Iríbar (viuda de Gregorio Ordóñez) y Javier Rupérez, escritores (Fernando Aramburu, Félix de Azúa, Andrés Trapiello, Fernando Iwasaki, Félix Ovejero) y otros intelectuales y artistas como Carmen Iglesias, Agustín Ibarrola y el director del Euskobarómetro Francisco José Llera Ramo.

También hay políticos como la que fuera fundadora de UPyD Rosa Díez, el exdiputado Gorka Maneiro y la ex 'popular' Cayetana Alvarez de Toledo.

En su texto, advierten contra una política penitenciaria que excarcele anticipadamente a los etarras, aunque sea "enmascarándolo en una aplicación laxa de grados", supondría "una forma de autoridad".

Es más, subrayan que "firmar interesadamente, a cambio de una recompensa, una petición de perdón, reconocer el daño personal causado o asumir el pago de indemnizaciones pendientes que nunca se efectuará, es un fraude" y que "el requisito de la colaboración es el
único que beneficia a las víctimas y que prueba el arrepentimiento real de los criminales".

El final de ETA, añaden, debe sostenerse "sobre la dignidad de sus víctimas", porque es "la deuda contraída por el Estado de Derecho que el Gobierno debe defender". "Cuando se ha aplicado el Estado de Derecho, sin trampas ni atajos, es cuando se ha conseguido el mayor debilitamiento de ETA", recuerdan.

Añaden también que "la deslegitimación del lenguaje de ETA es, simultáneamente, una condición inexcusable para afrontar otra cuestión pendiente, el miedo y el desistimiento de una parte de la sociedad durante los años del terror".

Los firmantes sostienen que "el futuro de la sociedad vasca y navarra no puede escribirse en la estela del miedo y la autocensura generados por ETA, aunque su acción terrorista haya dejado de amenazar" porque entonces no habrá memoria ni justicia paras las víctimas.

Por eso, advierten a quienes les piden "generosidad" de que eso es "un chantaje moral, que es un tipo de microviolencia tremendamente dañino", porque supondría renunciar a "legítimas reclamaciones", como la justicia, que es "un componente de la reparación".

Para evitar que el desarme anunciado para el 8 de abril sea una jugada "puramente táctica", subrayan que lo primero que debe exigirse a ETA "y a su trama política" es que condene toda su historia de terror para que no trate de presentarla como legítima y un "sacrificio heroico por la patria".

Actualizado: 6 de abril de 2017

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