El artículo 134.6 de la Constitución faculta al Gobierno a oponerse a la tramitación en el Congreso de las proposiciones de ley presentadas por los grupos políticos o los parlamentos autonómicos si entiende que suponen un aumento de los gastos o una disminución de los ingresos presupuestarios.
La Mesa de la Cámara Baja puede levantar ese veto si considera que no está debidamente justificado o razonado, cosa que no ha sucedido en este caso.
Según el escrito del Gobierno presentado el pasado 2 de marzo en el Congreso, esa "tarifa plana" para los vuelos entre las islas baleares supondría un coste de entre 30 y 40 millones de euros anuales frente a los 17 millones que cuestan las subvenciones por residencia que existen en la actualidad.
Alerta además el Ejecutivo que la implantación de esa tarifa plana en Baleares produciría reclamaciones en el resto de mercados no peninsulares, en especial en Canarias, donde una medida similar supondría "quintuplicar el esfuerzo presupuestario".
Señala el Gobierno que el mercado del transporte aéreo interbalear es "altamente competitivo" y que existen dos compañías aéreas que ofrecen una amplia oferta de vuelos y tarifas.
Cree además que el aumento del número de pasajeros atraídos por las tarifas podría provocar el "efecto indeseado" de una falta de disponibilidad de plazas en un gran número de días u horas del día, con lo que la calidad del servicio "se vería negativamente afectada".
