Así lo ha manifestado tajante en su declaración ante el tribunal del jurado que juzga a la encausada en la Audiencia Provincial de Baleares, donde ha asegurado que "para mí estaba todo bien, pero lo que se ve algo falta. Tenía muchísimo trabajo y a lo mejor no presté la atención que debía". No obstante, ha incidido entre lágrimas en que no se apropió de ningún importe.
En concreto, la Fiscalía reclama seis años de cárcel para la acusada por un supuesto delito de malversación, quince años de inhabilitación y la devolución de los fondos de los que se apoderó. Por su parte, el Ayuntamiento considera que se apropió de 33.000 euros.
La funcionaria, auxiliar administrativa, era la encargada de tramitar los expedientes de infracción urbanística y entre sus funciones se encontraba la de cobrar los importes de las multas impuestas. Tras ello, la acusada debía ingresar el dinero en el banco, en la cuenta corriente del Consistorio.
La inculpada ha manifestado que "trabajaba a salto de mata" y que a veces llevaba "un volumen tan grande de trabajo que guardaba el dinero en el cajón" y ordenaba a un compañero que "lo ingresara". En esta línea, ha insistido en que, entre otros numerosos asuntos, se encargaba de los contenciosos del Ayuntamiento, la agenda de los técnicos y de estar pendiente de las ordenanzas municipales.
En cuanto a la dinámica del cobro de las sanciones, ha explicado que se le ofrecía al interesado ingresar el dinero al banco o pagar en metálico. Una vez ella recibía el importe, lo llevaba al área de intervención, si bien desde el año 2007 comenzó a ingresarlo directamente en el banco.
Por su parte, su abogado, Jaime Campaner, ha asegurado al inicio de la vista oral que su patrocinada "no ha cometido ningún delito, y si se ha cometido ella no es la autora. Las cosas son las que son, no las que queramos que sean, y verdad sólo hay una".
En su intervención ante los miembros del jurado, el letrado ha recriminado la "escasa consistencia" de la acusación: "no es seria". De hecho, ha hecho hincapié en que ni siquiera las acusaciones "se ponen de acuerdo entre sí, por lo que no están seguras".
"El Ministerio Fiscal sorprendentemente se descuelga y habla de 65.000 euros", ha remachado, incidiendo en que "esto no es una película, sino la vida real, en la que se gana y se pierde y la Fiscalía también pierde. Es una persona de carne y hueso y por tanto no está en posesión de la verdad absoluta, puesto que si la tuviera no habría jueces ni jurados".
Finalmente, la abogada que representa al Ayuntamiento de Artà ha recriminado que "la conducta de esta persona fue muy desleal", a pesar de tratarse de alguien "técnicamente muy competente que accedió por oposición. Sólo pedimos el dinero que está acreditado que se cobró y que no ha sido repuesto".
