Mediante una providencia dictada este jueves, el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, da traslado a las partes de la petición formulada por los servicios jurídicos de Baleares. Recientemente, el magistrado emplazó a la Fiscalía Anticorrupción y a la Abogacía a que, "sin más dilación", se pronunciasen sobre si Matas debe ir a juicio por estos hechos.
El instructor pedía así a las acusaciones que presenten su escrito de calificación por estas pesquisas -en el que concreten delitos y peticiones de pena- y soliciten la apertura de juicio oral o, por el contrario, insten el archivo de esta pieza -la número 3- del caso Palma Arena.
Sobre el exministro pesan delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y falsedad en documento oficial.
La defensa del expresidente, ejercida por el abogado Miquel Arbona, alega que la decisión de contar con los servicios de Calatrava fue "plenamente legítima". De hecho, el propio Matas asumió ante el juez su responsabilidad en la elección del arquitecto valenciano y justificó la contratación sin ningún concurso previo por ser una persona "muy cualificada técnica y artísticamente".
Sin embargo, a juicio del juez, Matas proyectó la reordenación de la bahía de Palma y la construcción de un edificio destinado a las artes escénicas "con la finalidad de que el partido político que le sustentaba y que presidía obtuviera una decisiva ventaja" en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2007, "a sabiendas de que la ejecución de tal proyecto no estaba en su horizonte decisorio, cuando menos a corto ni a medio plazo".
Para ello, sostiene Castro, el exministro dispuso la contratación de un arquitecto de "notoriedad" como Calatrava, lo que se llevó a cabo "al margen de cualquier procedimiento administrativo". Calatrava asumió el proyecto de forma verbal.
El arquitecto valenciano acabó percibiendo hasta un total de 1,2 millones de euros: un millón por la concepción del anteproyecto, 60.000 por la maqueta de la Bahía de Palma, otros 60.000 por la maqueta del edificio de la ópera y 80.000 por un vídeo explicativo y de presentación del proyecto.
Sin embargo, asevera el magistrado que el resultado fue que en el Govern "vieron lo que nunca se les entregó y lo que sí les fue entregado ni se entretuvieron en desplegar su contenido", lo que "no impidió que se pagara ese millón de euros por un paquete que nunca abrieron ni saben dónde lo guardaron".
"Lo que cuesta más asumir es que, proclamándose el señor Matas tan ferviente admirador de la obra de don Santiago Calatrava no haya sucumbido a la tentación de apreciar directamente la maqueta desembalándola, tentación que debiera tornarse en obligación cuando solamente por ella se habrían de pagar 60.000 euros", añade el juez.
Por otro lado, el juez, mediante otra providencia, ha dado por apartados a los servicios jurídicos del Govern como acusación particular por la pieza 24 de la causa, la relacionada con el palacete que Matas posee en la calle Sant Feliu de Palma. Se trata de una de las principales líneas de investigación que, impulsadas en 2009, constituirían el génesis del caso Palma Arena, cuya complejidad derivó años después en la apertura de hasta un total de 28 piezas separadas.
Las investigaciones se extienden además a una vivienda de Madrid y a gastos relacionados con varias propiedades en la Colonia de Sant Jordi. En cuanto al inmueble madrileño, ubicado en el barrio de Salamanca, las pesquisas apuntan a Matas utilizó a Reus como testaferro en la titularidad del piso y que, por tanto, es propiedad del expresidente. Matas negó estos hechos ante el juez.
Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau pusieron la lupa sobre el exmandatario en 2009. El exdirigente 'popular' había pagado unos 980.000 euros por su palacete pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones.
A partir de ese momento, se iniciaron unas intensas investigaciones que, bajo el nombre de Operación Buckingham, fueron dirigidas a averiguar los pormenores que rodearon al elevado tren de vida que llevó Matas mientras era máximo mandatario balear.
Efectivos de paisano de la Guardia Civil recorrieron incluso varios establecimientos en los que Matas compró el mobiliario para el palacete y donde su mujer efectuó lujosas y continúas compras en efectivo, según la documentación recabada por los agentes. Sin embargo, todo ello no impidió que el entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acabase en julio de 2009 archivando las pesquisas tras agotarse los seis meses de diligencias informativas llevadas a cabo por Carrau y Horrach.
Así, fue dos meses después cuando el juez Castro decidió incorporar al caso Palma Arena las investigaciones sobre el patrimonio de Matas realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, al observar indicios de su relación con la presunta trama de corrupción en torno al velódromo.
A partir de ese momento, diversos proveedores que participaron en la reforma del palacete y propietarios de varias tiendas, interrogados por el magistrado para indagar en el nivel de vida disfrutado por la familia Matas, aseguraron haberse embolsado del expresidente más de 300.000 euros en dinero negro.
