Pues, para el Govern, sí.
El objetivo con el nuevo Impuesto sobre el Turismo Sostenible ha sido desde el primer momento cobrarlo en toda aquella instalación, vivienda, chalet, casa, apartamento, hostal, fonda o refugio en el que se hospede un turista.
Ese deseo, sin embargo, choca con una realidad incuestionable: en las Islas Baleares se calcula que hay cerca de 90.000 plazas vacacionales sin regular. No están en ningún registro de la Conselleria de Turismo y nadie sabe si dan buen o mal servicio a los visitantes.
Pero eso a Hacienda no le importa. Lo primordial es cobrar el impuesto y para ello se introdujo en el último momento en el proyecto de ley que regula el hecho imponible un apartado a través del cual toda vivienda (sea del tipo que sea) que esté alquilada menos de dos meses se considera turística… y se puede cobrar el impuesto a sus residentes. Eso sí, con el cumplimiento estricto de la Ley de Arrendamientos Urbanos y depositando la fianza legal pertinente.
Con este apartado de la ley, los inspectores de Hacienda podrán exigir a los propietarios de las viviendas que demuestren que están alquiladas a personas que no las usan como residencia turística. Si tienen el contrato en regla, no pagarán el impuesto. Si no es así, se les aplicará, con los recargos y sanciones pertinentes por ser ilegales… pero seguirán fuera de ordenación para la Conselleria de Turismo.
El Govern aún no ha determinado como conseguirá que las viviendas vacacionales ilegales que sean ‘cazadas’ por Hacienda serán obligadas o a cerrar o a poner en orden sus permisos.
Por cierto, de las 90.000 viviendas vacacionales que se calcula están en situación ilegal, solamente 1.784 se han dado de alta en el registro de Hacienda para pagar el Impuesto del Turismo Sostenible. Es decir, 1 de cada 50. Cifras son cifras.
