En un acto protocolario en el Congreso de los Diputados, han sido los portavoces Rafael Hernando (PP) y Juan Carlos Girauta (C’s) quienes han estampado su firma en el documento pactado, como ya ocurriera con la firma del pacto anticorrupción. Al acto no faltaron Rajoy y Rivera.
Pero que el presidente en funciones logre superar la investidura, ni que sea en segunda votación, será harto difícil, pese al acuerdo PP-C's. Tras las declaraciones de diversos dirigentes del PSOE en las últimas horas, el acuerdo se quedará con los apoyos exclusivos de los diputados de PP y C’s. Ni una más. Con 170 escaños, a seis de la mayoría absoluta exigida en primera vuelta o a 11 abstenciones que se requieren en la segunda, los números no llegan y los socialistas se niegan en rotundo a solucionar la papeleta.
El documento que contiene las medidas concretas del acuerdo -‘150 compromisos para mejorar España’- tendrá que pasar ahora el tamiz de Coalición Canaria, tal como anunció su portavoz parlamentaria, Ana Oramas, si el candidato a la investidura quiere contar con el voto favorable del partido nacionalista canario.
Estos son los principales puntos del pacto:
CNMC
El Partido Popular y Ciudadanos han firmado hoy el acuerdo de investidura, que entre otras medidas, contempla la separación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos entidades independientes.
Según el documento, habrá una autoridad Independiente de los Mercados (AIReM) que asumirá funciones de supervisión y control de los sectores económicos regulados (en especial, el energético, telecomunicaciones y audiovisual, transportes, y servicios postales, a los que se sumará el juego) y de resolución de conflictos entre operadores económicos.
También habrá una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo) que asumirá las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado.
IRPF
PP y Ciudadanos se comprometen a no subir el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), rebajarlo en dos puntos una vez que el déficit público se sitúe por debajo del 3%, reformar en profundizar el Impuesto de Sociedades y reclamar el dinero que se dejó de recaudar por la amnistía fiscal.
Contrato "de protección creciente"
Se han comprometido a reducir a tres las modalidades de contratos de trabajo: indefinidos, de formación, y uno nuevo "de protección creciente", que tendrá una duración de dos o tres años.Además, este nuevo modelo de trabajado incluye una protección del primer año que será de 12 días, la del segundo, de 16, y la del tercero, si hubiese, 20 días.Tras su finalización, se convertirá en indefinido.
Lomce
El acuerdo de investidura incluye la paralización de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y la dación en pago para personas y familias en situación de vulnerabilidad afectadas por los desahucios, como medidas destacadas en su paquete dedicado a las políticas sociales. El pacto rubricado entre ambas formaciones políticas busca que prime la "excelencia" y "garantice la igualdad de oportunidades" en la Educación.
Presupuesto
Se llega a una salida intermedia en la discusión sobre la cuantía del gasto en todas las medidas y reformas pactadas, entre ellas las de carácter más social y laboral que alcanzará los 29.000 millones de euros en los cuatro años de legislatura. Según fuentes populares en el Presupuesto de 2017, la cuantificación alcanzará los 5.000 millones de euros. En el resto de legislatura, serían 8000 millones por año. Aunque el PP ha conseguido que en la letra pequeña figure la precisión de que cada dinero de más de gasto tiene que ir acompañado de un ingreso. Y que siempre tiene que estar de acuerdo con el principio de estabilidad, es decir, con las exigencias de Bruselas. A juicio de un dirigente naranja «en el PP deben ser conscientes de que accedemos a votar a Rajoy a cambio de unas reformas institucionales de calado y una reforma que favorezca a los más necesitados».
Reformas institucionales
Entre los temas que estaba sobre la mesa figuraba la propuesta de Ciuddanos de suprimir de todos los aforamientos, excepto el del Rey, pero finalmente no se llegó a acuerdo y quedó fuera del texto consensuado. La reforma del Senado, bloqueada también en la negociación.
Fiscal General del Estado
Se amplía a un mínimo de 20 años de ejercicio –en estos momentos, son 15– como jurista de reconocido prestigio. Se exigirá una independencia acreditada y habrá un mayor control parlamentario en sus comparecencias.
Regreso a la judicatura
Se endurecerá el régimen para que aquellos magistrados o jueces que sean elegidos para diputados o senadores puedan regresar a la carrera judicial. En este punto, se planteó establecer un plazo de cinco años, pero finalmente se optó por no concretar en el texto el tiempo que deberán permanecer en «reserva» antes de regresar a la toga.
Vocales del CGPJ de procedencia judicial
Los 12 vocales de procedencia judicial serán elegidos directamente por los jueces y magistrados, quedando al margen, por tanto, la participación de las cámaras y las asociaciones judiciales. Con la legislación actual, las asociaciones pueden proponer candidatos, siempre que reúnan determinados número de avales y también se pueden presentar no asociados. Ahora, se prevé eliminar cualquier restricción en esos aspectos y supondría volver al modelo de elección original, antes de que el PSOE introdujera la elección parlamentaria en 1985. Todas las asociaciones reclaman volver al sistema anterior
Planes sociales
Se alcanzan dos importantes planes: un Plan contra la Pobreza Infantil y un Plan contra el Fracaso Escolar con dotaciones presupuestarias. La dificultad en llegar a acuerdos es patente incluso entre los alcanzados. Ciudadanos ha hecho del paquete social su máxima reivindicación para transmitir el mensaje de que «hay otra forma de hacer las cosas» que permita un aumento del gasto en «Sanidad, Educación y dependencia».
Permiso de paternidad
Asimismo, este documento iguala los permisos de maternidad y paternidad, aunque falta matizar en cuánto tiempo se materializaría esta equiparación. El acuerdo incluye un importante paquete de medidas sociales, y recupera propuestas pactadas por Ciudadanos con los socialistas para apoyar la investidura fallida de su secretario general.
Elección directa de los alcaldes
Ambas formaciones consideran necesaria una reforma de la ley electoral municipal y apuestan porque sea alcalde el que alcance más votos. Sin embargo, esta propuesta es sólo del PP y Ciudadanos se reserva el derecho de defender en la tramitación de la ley en el Congreso «el sistema de doble urna», por la que el alcalde se elige por separado de la corporación municipal, aunque comparte con el PP que alcalde debe ser quién más votos tenga. Fuentes consultadas por LA RAZÓN apuntan que el texto no entra en detalles, pero recoge «la elección del alcalde será directa».
Complemento salarial
Se crea un complemento salarial para las personas con ingresos más bajos del que se desconoce la letra pequeña, ya que según el programa de la formación naranja este complemento sería progresivo en función de las personas a cargo. Este complemento salarial se realizaría en la declaración del IRPF.
Renuncia al contrato único
También se conoció que populares y naranjas apuestan por reducir a tres la tipología de la contratación –Ciudadanos no consigue imponer su medida estrella de contrato único– que «quiere acabar con el fraude sobre los contratos eventuales que no lo son. Se quiere cambiar la tendencia, y el acuerdo lo ha conseguido», afirman fuentes conocedoras del texto consensuado entre populares y ciudadanos.
Recaudación por la «amnistía fiscal»
Ciudadanos ha conseguido que el PP acepte su exigencia de «recuperar los siete puntos impositivos de diferencia que se dejaron de ingresar con la amnistía fiscal». Según C’s, con esta medida el estado puede ingresar 2.800 millones de euros. Todo parece indicar que el texto acordado «anula la carta que Hacienda utilizó como baremo para permitir que los que se acogieron a la amnistía sólo pagarán el 3%».
Racionalización de las Diputaciones
A estos recursos, se sumaría una racionalización de las Diputaciones, con el ahorro correspondiente, aunque los entes locales no desaparecerían como demandan los naranjas.
