Nuevos locales inspeccionados por no someterse a la trama de corrupción de la Policía Local
La Policía Nacional apunta a nuevos establecimientos de ocio nocturno que sufrieron inspecciones y fueron sometidos a expedientes sancionadores por parte de agentes de la Policía Local de Palma por no someterse a las presuntas extorsiones practicadas por éstos, tal y como consta en un extenso oficio al que ha tenido acceso Europa Press.
En su informe, incorporado recientemente a la causa que investiga una presunta trama de corrupción urdida en el seno de la Policía Local en connivencia con altos cargos públicos durante la pasada legislatura del PP para beneficiar a grandes grupos empresariales de la noche, señala que sólo uno de los locales registró un total de 16 intervenciones policiales en 2009, una de ellas conjunta entre la Patrulla Verde y el Grupo de Acción Preventiva (GAP) -los dos principales grupos investigados en este procedimiento judicial-.
Se trata, según la Policía Nacional, de actuaciones que habrían sido llevadas a cabo "por no someterse a ciertas exigencias de algunos de los investigados".
De hecho, una testigo protegida llegó a señalar, según consta en el oficio, que se había visto forzada a pagar 60.000 euros a uno de los principales encausados, Nicanor G., por la instalación de un equipo de aire acondicionado en el local -ubicado en la calle Joan Miró- cuyo precio de mercado "no superaría los 4.000 ó 5.000 euros".
"El indicado Nicanor quería a toda costa explotar el local", señala la Policía, que relata cómo la testigo se negó a arrendárselo y fue tras ello cuando "empezó inmediatamente a sufrir inspecciones por parte de la Patrulla Verde".
La misma testigo explicó cómo otro agente, Miguel A., adscrito a la Patrulla Verde, aprovechando una inspección en el local por consumo de estupefacientes, le exigió el pago de 9.000 euros a cambio de no cerrarle el local tras haberse incautado el operativo policial de droga hallada en el suelo del mismo.
Por su parte, uno de los agentes interrogados en el marco de esta causa manifestó que en una de las intervenciones practicadas en el establecimiento, se quedó "impresionado del ímpetu, fuerza presencial, despliegue y forma de actuar del GAP", puesto que "había una persona que mandaba y cada uno tenía su función, unos cacheaban, otros hacían actas de drogas...".
El propio Nicanor G. manifestó en su día ante el juez que varios de los efectivos policiales que también se encuentran bajo lupa judicial han progresado en su carrera profesional "a cambio de seguir las instrucciones" del expresidente del PP de Palma José María Rodríguez y del regidor Álvaro Gijón, con quienes tenían "una relación muy estrecha".
Indicaciones de Rodríguez y Gijón
En su declaración, el encausado señaló que las indicaciones de ambos dirigentes 'populares' "eran coincidentes con los dos grandes grupos de Cursach y Pabisa", dos de las empresas cuyo nombre figura en el marco de estas diligencias, que se encuentran en manos del Juzgado de Instrucción número 12.
Cabe recordar que otro empresario que quería poner en marcha dos establecimientos de ocio nocturno en la calle Joan Miró puso de manifiesto que uno de los propietarios de los locales que adquirió por traspaso le dijo que, para abrir sendas discotecas, debía hacerlo de la forma que "menos perjudicara" al conocido promotor Bartolomé Cursach, ya que "si lo hacía enfadar iba a tener grandes problemas".
Según la declaración que efectuó como testigo en dependencias del grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional, el mismo propietario le espetó: "Para que lo entiendas, aquí pasa igual que en Son Banya con 'La Paca, Tolo Cursach es 'La Paca' de la noche".
Prácticas desplegadas por los agentes
Entre las prácticas presuntamente ilegales desplegadas por los agentes, las pesquisas apuntan a "la extorsión, la manipulación, la destrucción u ocultación de pruebas, los preavisos, el trato desigual para unos empresarios y correlativo de favor para otros, las 'mordidas', los prostíbulos, el alcohol y la cocaína en horas de servicio", así como "fiestas privadas donde el sexo, la droga y el alcohol corre por cuenta de determinados empresarios y la venta por parte de agentes de policía de objetos incautados a vendedores ambulantes".
El juez recrimina asimismo que entre estas conductas se permita el sobresueldo de ciertos agentes obtenido por su trabajo como porteros en locales de ocio, las amenazas, las coacciones, y los actos de intimidación cometidos contra quienes se han prestado a colaborar con las investigaciones.