La operación policial se inició meses atrás al detectarse un considerable aumento de renovaciones de permisos de residencia y trabajo de ciudadanos de Senegal en base a contratos de trabajo como empleados de hogar, jardineros y similares, según informa el cuerpo policial en un comunicado.
Así, los investigadores comprobaron que detrás de todos esos contratos se encontraba una ONG de Mallorca, y que, en la mayoría de los casos, las personas que contrataban empleados de hogar o jardineros, carecían de ingresos suficientes para poder pagar a esos empleados o simplemente no tenían jardines.
También se constató que las personas que obtenían de esta forma su primer permiso de residencia o acababan de renovar el que tenían, a continuación se convertían en empleadores de otros senegaleses que poco antes estaban en la misma situación de irregularidad administrativa.
Los agentes policiales investigaron a las personas que, de esta forma fraudulenta habían conseguido un permiso de residencia comprobándose que no trabajaban, se dedicaban a la venta ambulante o bien se pasaban buena parte de su tiempo en Senegal yendo y viniendo a los efectos de cumplir los plazos necesarios para mantener su residencia.
Así, una vez investigada la citada asociación se comprobó que su cabeza visible era un ciudadano de origen senagales nacionalizado español y que bajo su dirección se encontraban varias personas, algunas de su ámbito familiar.
La dinámica operativa de dicha asociación, constituida siguiendo las formalidades legales, y que a juicio de los investigadores "enmascaraba un auténtico entramado criminal", se basaba en el asesoramiento, presuntamente fraudulento, para que ciudadanos senegaleses obtuvieran la residencia.
Sabiendo que para obtener dicho permiso, una de las vías exige un contrato de trabajo, desde la asociación se alentaba a los compatriotas que pertenecían a la misma, a firmar contratos como empleados del hogar, sin prestación real de trabajo, "pudiendo de este modo obtener la tan ansiada autorización".
A los ciudadanos senegaleses que obtuvieron la residencia falseando los contratos se les ha imputado el delito de falsedad documental.
Las investigaciones realizadas arrojan indicios suficientes para creer que se trata de un "auténtico grupo organizado", el cual, desde el amparo legal de una asociación, exigía a sus miembros el pago de cuotas a cambio de proporcionar asesoramiento para regularizar, presuntamente en fraude de ley, su situación en España.
De momento se han observado ingresos que ascienden a los 90.000 euros.
Con todo, cabe destacar que algunos de los dirigentes de la asociación desconocían que su firma estuviera siendo utilizada para actos presuntamente ilegales, siendo su participación en la asociación totalmente altruísta.
La asociación también recogía enseres y dinero donados por personas, por entidades -camisetas de algún destacado club de fútbol-, por otras ONG's y que tenían como destino ayudas a senegaleses en su país.
Los investigadores tratan de constatar a donde fueron realmente esas donaciones, ya que al parecer no llegaron a sus destinatarios.
Hasta la fecha han sido detenidas medio centenar de personas en relación a estos hechos, entre ellos los cinco componentes de la cúpula.
La operación ha sido desarrollada por la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación Documental (Ucrif) en la que ha colaborado la Oficina Única de Extranjería.
