Dicha partida corresponde a un acuerdo de protocolo de intenciones firmado en 2015 entre el Govern y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El acuerdo establece que el Estado, en el marco de lo que anualmente dispongan las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio, debe destinar hasta un máximo de 240 millones de euros en el periodo 2016-2018 a dicho ámbito de aplicación.
Además, el convenio especifica que anualmente el Estado debe aportar una máximo de 80 millones de euros, pero al no haber dotado de partida en 2016, el importe no ejecutado se acumula a 2017 y 2018.
El PSIB ha defendido que "dado a que la obligatoriedad de la Administración General del Estado parece bastante evidente, se han incluido en los presupuestos de Baleares de 2017".
En este sentido, el diputado del PP Antoni Camps ha asegurado que el Govern se "precipitó" incluyendo en los presupuestos de Baleares dicha partida sin haber sido confirmada por el Estado.
Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha expresado su "indignación" y ha calificado de "estafa a la ciudadanía" que Baleares tenga que seguir esperando a recibir lo que es de la comunidad autónoma.
Igualmente, el portavoz de PI-Proposta per les Illes, Jaume Font, ha asegurado que "Rajoy es un burro al cuadrado por comprometerse con algo que ni Aznar ni Zapatero pudieron cumplir".
"Hay que ir cada día a Madrid y decirles lo que nos deben. Son unos sin vergüenzas", ha sentenciado Font.
Además, el PSIB ha considerado que la transferencia de esa cantidad "se ha convertido en un derecho de nuestra comunidad autónoma".
Los socialistas han rechazado la enmienda presentada por el PP que instaba al Govern y al Gobierno a suscribir convenios de colaboración con el fin de canalizar las subvenciones nominativas destinadas a financiar actuaciones específicas en materia de carreteras por un importe global de 240 millones de euros.
También ha sido denegada la enmienda de MÉS per Mallorca que pedía que los 120 millones de euros de 2017 y los restantes hasta el máximo de 240 millones de euros se puedan aplicar a actuaciones ya realizadas, en infraestructuras de transporte público ferroviario o por carretera, y en medidas de movilidad sostenible en general propuestas por el Govern.
