En el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, se les acusa de utilizar fondos públicos con el objetivo de "beneficiar" a la entidad mercantil Over Marketing, que fue la encargada de las campañas electorales del PP en los años 2003 y 2007.
Además de a Matas y a Rodríguez, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Laura Pellón también solicitan la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial al propietario de Over Marketing, Daniel Mercado, a quien le pide un año de cárcel, y a María Luisa de Miguel Oñate, como cooperadora necesaria, a quien le pide también cinco años.
En el texto de la Fiscalía se establece que Matas "ostentó durante la legislatura 2003-2007 un control directo sobre todo el sector de la comunicación institucional" y que Rodríguez, en su etapa de conseller de Interior, y siguiendo sus órdenes, acordó con Mercado abonarle cierta cantidad para cubrir los gastos por los servicios de publicidad y comunicación en que había incurrido su grupo empresarial en la campaña electoral desarrollada para el PP en el 2003.
Según el escrito, "para dotar de una simulada apariencia de legalidad a la salida de dichos fondos públicos desde la Conselleria de Interior" Rodríguez convino con Mercado que este último "emitiría dos facturas por importe inferior a 12.000 euros contra la Conselleria por unos conceptos propios de la actividad de la citada Conselleria".
Por su parte, Rodríguez "se encargaría de simular la apertura de dos procedimientos de contratos menores de servicios en el seno de la Conselleria para poder proceder al abono de dichas facturas", así como de dar las oportunas instrucciones a la secretaria general técnica de la Conselleria, De Miguel Oñate, "para que procediera a ordenar el pago de las correspondientes facturas".
Con esto, Mercado emitió dos facturas contra la Conselleria de Rodríguez, una de Over Marketing SL y otra de Link America SL pero "ni Over Marketing ni Link America realizaron el servicio objeto de la factura citada", resalta el fiscal.
Así, el escrito de acusación señala que el PP abonó "de forma opaca" mediante "sistemas desconocidos" un total de 181.031 euros al grupo Over por distintos servicios de creatividad, planificación y artes finales.
A nivel general, el caso Over, que constituye la pieza 27 del caso Palma Arena centra sus investigaciones en el supuesto de favor que habría recibido esta mercantil y en el hecho de que parte del dinero público que recibió la empresa habría acabado en manos del PP balear, por lo que se indaga si se produjo una financiación ilegal del partido.
Es más, fue en la sede de Over donde, en el marco de los registros llevados a cabo durante la operación policial del llamado caso Ibatur (en verano de 2010), donde los investigadores hallaron documentación que relacionaría algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Matas con parte de los hechos investigados en la trama Gürtel.
