Así lo ha anunciado el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, donde ha explicado que para el Ejecutivo era "básico" tener "fijados los principios de política industrial" para poder impulsar el cambio de modelo productivo.
El proyecto de ley se tramitará durante los próximos meses en el Parlament, donde el Ejecutivo confía en que genere "consenso" entre los grupos, y, paralelamente, el Govern prepara un plan de industria. La previsión es que la ley entre en vigor a lo largo de este año.
Según Negueruela, Baleares era la única Comunidad Autónoma que carece de un marco regulatorio para la industria, pese a ser una competencia incluida en el Estatut d'Autonomia. Además, como ha destacado el conseller, con este paso también se da cumplimiento a uno de los 'Acords pel canvi'.
Los objetivos del proyecto son impulsar la competitividad en el sector industrial, proteger el ejercicio de dicha actividad, crear un marco normativo para la planificación estratégica de la política industrial, favorecer la internacionalización del sector, establecer un marco de seguridad, promover y estimular la calidad industrial y determinar el régimen de responsabilidad social empresarial son los principales objetivos de esta norma.
En resumen, para el conseller la finalidad del proyecto es "devolver al sector a la situación anterior a la crisis y resolver problemas estructurales".
Negueruela ha agradecido la colaboración de colegios de arquitectos superiores y técnicos, CAEB, PYME, Cámara de Comercio de Mallorca y Asima en la redacción del proyecto, que ya ha pasado el periodo de exposición pública.
Negueruela ha manifestado también que el proyecto normativo prevé y fija las bases para desarrollar un plan industrial que conduzca a un aumento de la productividad y competitividad y, por lo tanto, a una potenciación de la industria balear que favorezca la diversificación del modelo económico.
Dicho plan, ha recalcado, estará "dotado económicamente, como no puede ser de otra manera" y contemplará ayudas en materia de inversión tecnológica.
De hecho, con el fin de conseguir este objetivo, el conseller ha apuntado que la Conselleria ha incrementado un 36% los recursos destinados a industria con respecto a 2016, alcanzando los 8,3 millones de euros (2 millones más que el año anterior).
Una de las novedades que recoge el proyecto de ley es la creación de una comisión de seguridad industrial, enfocada a la participación de los diferentes sectores involucrados, que servirá para diseñar y planificar políticas industriales, con la elaboración de estudios e informes.
El texto también prevé la creación de un registro industrial para la ordenación del sector, la aportación de datos para el diseño de nuevas medidas específicas sectoriales o el control de las diferentes actividades.
Desde un punto de vista formal, el borrador de la ley prevé cuatro títulos: después de las disposiciones generales se regula el registro industrial de Baleares, la política industrial, la calidad industrial y la RSE, la seguridad industrial y la función inspectora y el régimen sancionador.
Este régimen sancionador ya existe a nivel estatal y lo que hace la norma es "adaptarlo" a Baleares e integrar las normas sancionadoras en el texto "con alguna peculiaridad", como aspectos de reposición de la legalidad por situaciones que se dan en las Islas.
