Son dos pinceladas escasas del atraso en que ha entrado un aspecto fundamental como es el adecuado tratamiento y organización del ciclo del agua, de forma desigual pero con deficiencias significativas en todas las islas, incluso contraviniendo la normativa vigente.
A partir de una realidad como la descrita, el Grupo Popular se ha lanzado a proponer un Plan de Mejoras Medioambientales. La propuesta, que promueve el diputado menorquín Lluís Camps, ha pasado ya por la correspondiente comisión parlamentaria, la de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en forma de proposición no de ley y ha obtenido una acogida suficiente como para ser tenida en consideración en el pleno del Parlament del próximo martes.
El Grupo Popular pretende llamar la atención sobre el retraso en la intervención público-privada y las consecuencias medioambientales que está teniendo, por un lado, y la oportunidad de diseñar un plan global de actuaciones con el beneficio añadido de contribuir a reactivar la economía.
Con este planteamiento el diputado menorquín propone que el Govern ponga en marcha un Plan de Inversiones Medioambientales y de Reactivación Económica, para ejecutar proyectos de dotación de redes de alcantarillado (de acuerdo con las obligaciones contenidas en la Ley 12/2017, de 29 diciembre, de Urbanismo), la renovación de redes de abastecimiento de agua potable e inversiones en las estaciones depuradoras de la islas.
La idea es estimular el impulso a estos proyectos en coordinación con los municipios y contando con la inversión estatal así como con la aplicación de instrumentos financieros de fondos europeos destinados a la reactivación económica del país y a superar la grave crisis económica que ha producido la epidemia del coronavirus.
El parlamentario menorquín defiende que dar un destino a proyectos de interés medioambiental tiene ventajas inmediatas pero también beneficios de largo alcance, tanto para las zonas urbanas como en urbanizaciones y se trata por tanto de un proyecto multiplicador con beneficios para los ciudadanos.
De forma complementaria pero a tenor de la realidad, la proposición no de Ley solicita una moratoria de dos años para que los ayuntamientos puedan cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 12/2017, de Urbanismo.
Las propuestas de Camps se refieren a aquellos casos en los que el Ayuntamiento mediante acuerdo del pleno haya expresado su compromiso de dotar de alcantarillado zonas urbanas que no cuenten con red de saneamiento, o en el caso de zonas urbanas en las que sea inviable la dotación de alcantarillado compromiso también de modificar el PGOU.
En relación a esa normativa, el diputado recuerda que la mayoría de los ayuntamientos se ven obligados a impulsar estas infraestructuras porque es frecuente que muchas urbanizaciones crecieran sin esos equipamientos, especialmente en áreas destinadas a segundas residencias y zonas turísticas.
Para Lluís Camps, la propuesta es una gran oportunidad para la puesta al día de todas las infraestructuras del agua, desde las redes de agua potable, a los tratamientos de depuración, los sistemas de reaprovechamiento de aguas depuradas, mediante la interconexión de redes. Entre otros aspectos, el diputado indica mejoras y ahorro en los riegos agrícolas, la limpieza de calles o mediante la reducción de fugas.
