Esto ha provocado a las empresas gastos constantes sin posibilidad de recuperarlas debido a la inexistencia evidente de usuarios locales y turistas. Puertas abiertas, barreras levantadas, terrazas montadas, socorristas sobre sus torres, trabajadores a punto... para no atender a nadie.
Estos hechos han multiplicado las pérdidas económicas, con bajadas de los ingresos del 95% como es el caso de Mar de Mallorca, concesionaria de la Platja de Palma.
Ante esta situación que empuja a las empresas a la ruina absoluta y a sus trabajadores a la cola del paro, las concesionarias se han dirigido de forma reiterada al consistorio que preside José Hila para reclamar que se apliquen las normas que el propio Gobierno de España ya hace meses que puso en marcha para evitar estas circunstancias destructivas para el tejido empresarial, los asalariados y los proveedores.
La respuesta de Hila y su equipo de gobierno, hasta la fecha, es el silencio y alargar una resolución que ya debería de haberse aportado desde hace meses, tal y como exige la propia ley.
El artículo 34.4 del Real Decreto Ley 8/2020 del 17 de marzo del Gobierno deja muy claro que las empresas privadas que ejercen, en régimen de concesión administrativa, servicios de ámbito público -como son los de las playas de Palma: Cala Major, Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estància y Platja de Palma- se han de ver correctamente compensadas por la pérdida de actividad y la obligación de seguir ofreciendo sus servicios, pese a la inexistencia de usuarios y turistas.
Esta compensación vendría dada por una renegociación de las condiciones económicas o una ampliación del periodo de explotación. Aquí, en Palma, en el Ajuntament de Ciutat, ni una cosa ni la otra. La respuesta del alcalde Hila y su equipo es el silencio y el 'vuelva usted mañana'.
Tras seis meses de tramitación de los expedientes, pese a que la ley marca que el plazo máximo es de tres, el Servei de Contractació de Cort informa que ni tan solo hay fecha fijada en ninguna comisión del govern municipal para tramitar ninguna de las reivindicaciones de las empresas concesionarias de los servicios públicos de las playas de Palma y el futuro de sus trabajadores.
