Según ha informado el Ayuntamiento este sábado en un comunicado, las ayudas estaban dirigidas a personas arrendatarias de vivienda habitual, situadas en el término municipal de Sant Antoni, y que a consecuencia del impacto económico y social de la COVID-19 tenían problemas para hacer frente al pago del alquiler.
De esta forma, se podían beneficiar de las ayudas las personas físicas que acreditaban encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y social a consecuencia del coronavirus, como estar en el paro, en ERTE o afectadas por una reducción de la jornada laboral por motivos de conciliación familiar, laboral y organizativos, siempre que tuvieran hijos menores de edad a cargo, entre otros requisitos.
Del total de las 126 solicitudes, 58 han sido excluidas, entre otras cosas, por superar los ingresos mínimos, por tener propiedades a su nombre, por no llevar empadronado en el municipio el mínimo de un año establecido, por tener deudas con las administraciones o por no haber atendido los requerimientos de documentación en las bases.
Vista la vulnerabilidad económica y social de algunos colectivos, la concejala de Servicios Sociales, María Ramón, ha explicado que se consideró "indispensable" ofrecer una ayuda pública mediante la concesión de ayudas al alquiler a las personas que, como consecuencia del impacto económico y social de la COVID-19, tenían problemas para atender los gastos de alquiler de su vivienda.
Ramón también ha recordado que, además de estas ayudas directas, el Ayuntamiento ha destinado casi un millón de euros a Servicios Sociales para paliar los efectos de la crisis y ha aumentado las ayudas a la manutención de familias en riesgo de exclusión social con ayudas al alquiler, pago de recibos de luz y agua y el incremento de los vales de alimentos básicos.
