En un comunicado, la sección balear del SUP ha expresado "dudas" respecto a la resolución del Govern, empezando por el mismo aislamiento forzoso de los casos positivos. "Tal circunstancia entendemos que no se encuentra amparada previamente por ninguna disposición legislativa orgánica, ni intervención y/o control judicial, por lo cual podría ir contra los artículos 17 y 19 de nuestra carta magna", consideran.
En cuanto a la cesión de los datos clínicos de personas contagiadas o sospechosas de estarlo, el SUP advierte de que "afectan a la intimidad de las personas, derecho fundamental amparado en el artículo 18 de la Constitución y que posee una protección especial". En este sentido, avisa de que podría contravenir la normativa de protección de datos y garantía de derechos digitales.
Por todo ello, el SUP ha solicitado al Govern que "aclare" los términos de la resolución para que los policías que deban controlar los aislamientos "puedan actuar amparados jurídicamente".
Además, han señalado que no han recibido instrucciones sobre cómo deben actuar y han recordado que las instituciones públicas "deben velar por la protección de la salud de sus funcionarios", por lo que esperan que el Govern "haya realizado un estudio previo de las necesidades y provisión de los Equipos de Protección Individual" para los agentes.
