En la Diputación Permanente, todos los grupos parlamentarios de la oposición coincidieron en reclamar al Gobierno que retire del Congreso el decreto ley que recoge ese acuerdo con la FEMP, que debe votarse en septiembre en el Pleno del Congreso y que a priori no cuenta con apoyos para salir adelante.
El acuerdo salió adelante en la FEMP con el voto de calidad del presidente, el socialista Abel Caballero, pues ni siquiera recabó el voto a favor de Unidas Podemos. Transformado el decreto ley, en septiembre deberá someterse a una votación en el Pleno del Congreso y de momento hay una mayoría absoluta dispuesta a tumbarlo.
DESDE VOX A LA CUP, EN CONTRA
La propuesta del Gobierno y de la FEMP concita las críticas de todas las formaciones de la oposición, desde Vox hasta la CUP o Bildu, que lo tacha de "chantaje". "El PSOE o la ministra son los únicos que van contra dirección", resumió gráficamente el diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien cree llegado el momento de "rectificar y buscar un consenso".
En ese contexto, la oposición aconseja al Gobierno rectificar su plan de uso de los remanentes. "Deberían retirar ese decreto, en el que sólo cree una parte del Gobierno, y negociar --dijo el vicesecretario del PP, Antonio González Terol--. La ministra debería autoenmendarse y venir aquí a explicarse".
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, fue muy claro defendiendo la retirada del decreto para empezar de nuevo: "Esto no se arregla prometiendo enmiendas a un futuro proyecto, las medidas tienen que ser inmediatas --recalcó en la Diputación--. Tratar de ganar tiempo para luego 'Vaya usted a saber', no es admisible". "Es momento de que apruebe un nuevo decreto", añadió Laura Borràs, de Junts.
Ni siquiera Unidas Podemos ha defendido el acuerdo. El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, de En Comú, admitió que el acuerdo de la FEMP "es poco coherente" porque supone impedir que los ayuntamientos usen sus ahorros.
Frente a las críticas, la dirigente socialista Susana Sumelzo se quedó sola ensalzando el decreto ley porque sostiene que se trata de "un buen acuerdo" que recoge "una fórmula voluntaria" para usar el superávit. "Aquí no se confisca ni se roba nada", espetó a la oposición.
