En la exposición de motivos de la norma el Gobierno señala que tras la finalización del estado de alarma y las consecuentes restricciones a la actividad y la movilidad, se ha puesto en marcha una segunda fase de medidas económicas y sociales para impulsar la reactivación.
Las dificultades que atraviesan la economía y el tejido empresarial considera que exigen una "concentración de esfuerzos, respaldando con fondos públicos la reactivación en el segundo semestre de 2020, para apoyar la creación de empleo y la inversión y lograr recuperar un crecimiento robusto y sostenible en el periodo 2021-2022".
Con estos objetivos, el real decreto-ley aprueba un conjunto de medidas de apoyo al sector productivo, al empleo y a las rentas, que implican una "destacada" movilización de recursos públicos de más de 51.000 millones de euros con "efecto inmediato" este mismo año.
En concreto, en cuanto al apoyo a la solvencia y la inversión, se extienden y adaptan las medidas de apoyo financiero mediante la aprobación de una nueva línea de avales ICO de 40.000 millones de euros, orientada principalmente a financiar inversiones productivas.
Las características específicas de la línea de avales, porcentaje de cobertura y distribución por tramos se aprobarán por acuerdo de Consejo de Ministros en las próximas semanas y sucede a la primera línea de 100.000 millones de euros aprobada por el Gobierno el pasado 17 de marzo, dirigida a los problemas de liquidez.
Además, se crea el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 10.000 millones de euros para dar apoyo financiero a las empresas no financieras estratégicas solventes que se hayan visto especialmente afectadas por el Covid-19 y que así lo soliciten.
El fondo se articulará a través distintos instrumentos como la concesión de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresarán en el Tesoro Público.
Las solicitudes se resolverán en el plazo máximo de un mes y las empresas estratégicas quedarán exentas del pago de impuestos estatales, autonómicos y locales, así como el Estado de tener que realizar una oferta pública de adquisición (OPA) en caso de tener que entrar en el capital social de dichas compañías estratégicas, que serán consideradas así por diversos motivos, como su impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.
A la vista del impacto económico derivado de la crisis sanitaria del Covid-19, también se extiende en la norma el plazo de suspensión del derecho de separación de los socios, únicamente en el supuesto de separación por falta de dividendos, tal y como se establece en el artículo 348 bis.1 y 4 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio
De esta forma, se permitirá la retención del dividendo para que las empresas puedan afrontar la recuperación económica con una solvencia reforzada. La suspensión del derecho de separación se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020.
Por otra parte, con el fin de reforzar el apoyo a la internacionalización de las empresas, en un contexto internacional más complejo, se extiende a empresas cotizadas el acceso a la línea extraordinaria de garantías públicas de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (Cesce).
En la misma dirección se dirige el refuerzo del Fondo de Inversiones en el Exterior (FIEX), gestionado por Cofides ampliando de 10 a 100 millones de euros la dotación de este fondo.
Para el sector automovilístico se establecen bases precisas para la concesión de ayudas para la puesta en marcha del programa 'Renove' de apoyo a la renovación del parque automovilístico, presentado el pasado 15 de junio por el Gobierno y dotado con 250 millones de euros.
Las ayudas del plan "Renove 2020" se concederán de forma directa y pueden ir desde los 300 hasta los 4.000 euros, según el tipo de vehículo y del beneficiario. Se podrá contar con 500 euros adicionales en el caso de achatarramiento de un vehículo de más de veinte años, de beneficiarios con movilidad reducida o aquellos que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros.
Pueden optar a las ayudas del plan 'Renove 2020' las adquisiciones de vehículos realizadas desde el 16 de junio de 2020. El programa finalizará el 31 de diciembre de 2020 o hasta que se agote el crédito habilitado a tal efecto.
El Ejecutivo estima que este plan va a tener un impacto económico para España de 1.104 millones de euros a lo largo de toda la cadena de valor y de los servicios asociados, y que va a contribuir al mantenimiento de 7.400 empleos en el sector.
El real decreto-ley incluye asimismo disposiciones necesarias para la puesta en marcha de los Planes de apoyo al sector turístico. En primer lugar, prevé la adopción de una medida dirigida a asegurar la protección de los deudores hipotecarios cuyo inmueble se encuentre afecto a una actividad hotelera, de alojamientos turísticos y agencias de viajes, a través del otorgamiento de un periodo de moratoria de hasta 12 meses para las operaciones financieras suscritas entre los referidos deudores hipotecarios y las entidades de crédito.
En segundo lugar, recoge la creación de los planes de sostenibilidad turística en destinos, al objeto de fomentar la sostenibilidad de los mismos y se establecen disposiciones relativas a la transformación digital de las empresas turísticas que se hayan visto afectados por esta crisis sanitaria.
En detalle, la Secretaría de Estado de Turismo va a instrumentar de manera excepciona este año una línea de préstamos dotada con 216 millones de euros para cubrir necesidades de inversión en transformación digital de empresas turísticas y trabajadores autónomos afectados por la crisis. Se prevé la concesión de un máximo de 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, tomando como base un préstamo medio de 200.000 euros.
Por último, para los trabajadores fijos discontinuos del sector turístico, se dispone la extensión de bonificaciones y su compatibilidad con exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social.
En el real decreto-ley también se incluye una disposición de refuerzo de los mecanismos de I+D+I, a través del establecimiento de unas reglas para arbitrar los mecanismos de colaboración público privada de los proyectos sanitarios relacionados con el coronavirus SARS-coVID-2.
