El decreto consiste en un paquete de medidas encaminadas a incrementar el parque de vivienda, proteger a colectivos vulnerables y combatir la especulación, incluyendo obligar a los bancos a ofrecer alquiler social antes de poder ejecutar un desahucio; introducir mecanismos de control a grandes propietarios y sanciones para perseguir la publicidad y comercialización de infraviviendas; y un aumento de las sanciones a grandes propietarios que incumplan la obligación de ceder inmuebles vacíos.
El Decreto ha sido validado con el apoyo de los partidos del Govern -PSIB, MÉS y Unidas Podemos-, el voto en contra del PP, PI y VOX y la abstención de Cs y el Grupo Mixto.
Posteriormente, la Diputación ha rechazado la tramitación del decreto como proyecto de ley, un hecho que ha criticado duramente el PI, recordando al conseller que había declarado que quería recoger propuestas y mejoras. Este punto se ha votado tres veces por producirse un empate. Como no se ha podido superar, el punto se desestima según marca el reglamento.
Antes de comenzar a desgranar el contenido del decreto, el conseller de Vivienda, Marc Pons, ha llamado a intensificar la protección en este ámbito ante la crisis sanitaria por el coronavirus (COVID-19). "Tendremos que preservar todavía más las políticas de vivienda si queremos un mundo con oportunidades y dignidad para todos", ha avisado.
Los grupos parlamentarios, al margen de su posicionamiento frente al decreto, también han vinculado la crisis del COVID-19 a la necesidad de vivienda. La primera diputada en intervenir, Esperança Sans (Unidas Podemos) ha advertido de que "ahora, a salarios bajos se suman pérdidas de ingresos o, directamente, del empleo". En este sentido, ha confiado en que el decreto tenga un efecto sobre los precios del mercado libre y dejen de verse "espacios de 30 metros cuadrados por 800 euros al mes".
La representante de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha apuntado que con el confinamiento han comprobado "más que nunca" que la vivienda es un espacio de refugio, y la crisis "ha puesto en evidencia la necesidad de medidas urgentes". "No podemos dejar tirada a la gente y no puede pasar lo que ocurrió en 2008, y que al cabo de los años veamos que los ricos se han vuelto más ricos y los pobres más pobres", ha reclamado.
La diputada del PSIB, Mercedes Garrido, ha destacado la relevancia de incrementar el parque público de vivienda y proteger a los colectivos vulnerables ahora que la pandemia "aboca a una situación de crisis" que afectará a la liquidez de las familias. Garrido también ha acusado al PP de haber favorecido la especulación cuando gobernaba -y posteriormente, el PI le ha contestado recordándole que el PSOE ha gobernado en la mayor parte del periodo democrático-.
El PP, que ha votado en contra, ha considerado que el decreto "no resolvía" los problemas de la vivienda antes del estado de alarma y ahora ya "ha quedado obsoleto". El diputado Toni Costa ha pedido al conseller que destine 25 millones de euros a ayudar a los ciudadanos con dificultades para afrontar alquileres e hipotecas, y le ha planteado que saque los fondos de los 40 millones de euros presupuestados para construcción de VPO este año. También ha pedido una condonación del alquiler durante seis meses de las viviendas y locales del Ibavi.
Desde VOX, el diputado Sergio Rodríguez ha coincidido en que el decreto ha quedado "desfasado" y ha llamado a "ayudar al que no puede pagar" su alquiler pero también "al que no puede cobrarlo", argumentando que hay pequeños propietarios "que dependen de estos ingresos". Rodríguez -que ha comparecido con mascarilla y guantes, como en la reunión anterior- ha apremiado al Govern a recortar gasto para sufragarlo, avisando de que tendrán que reducir la presión fiscal sobre los ciudadanos.
En representación del PI, Josep Melià ha explicado el voto en contra de su grupo por varias razones, ya que lo ven como una norma "deficiente" en el aspecto técnico y entienden que "acaba con la igualdad" al "crear dos ordenamientos jurídicos" dependiendo de si la titularidad de los terrenos es pública o privada. Tampoco ve viable que los periódicos que publiquen anuncios de viviendas puedan comprobar si éstas reúnen las condiciones de habitabilidad.
Desde Cs, el portavoz, Marc Pérez-Ribas, ha argumentado que no estaban dispuestos a votar a favor del decreto porque implicaría "aprobar la desastrosa política de vivienda que ha desarrollado el 'Pacte'", y ha animado a fomentar la colaboración con el sector privado.
Finalmente, el diputado de MÉS per Menorca Josep Castells ha considerado que la situación y las medidas estatales amparadas en el estado de alarma trastocan "absolutamente" el abordaje de la política de vivienda desde Baleares, y que ello les provoca un "profundo escepticismo" respecto a este decreto. Castells ha intervenido por videoconferencia desde Menorca y ha reiterado la oposición del Grupo Mixto a que la Diputación Permanente se utilice para validar decretos.
Castells, como había hecho antes el diputado del PI, ha avisado de que el problema no es sólo de oferta, sino de una demanda "desajustada" por el efecto de compradores extranjeros de alto poder adquisitivo, agravado por los salarios bajos de los residentes, ha avisado.
La cesión de suelo público fue una de las propuestas que suscitaron mayor debate. En la Mesa de Vivienda se planteaba inicialmente una cesión temporal de suelo por un máximo de 75 años y finalmente se rebajó a 50 cuando se aprobó el decreto en el Consell de Govern.
Esta cesión se hará mediante concurso y el objetivo es facilitar que promotores privados edifiquen viviendas que posteriormente se destinen a alquiler asequible, con un precio máximo fijado por el Ejecutivo. Pasado el plazo de 50 años, las viviendas volverán a la administración.
En sus intervenciones, tanto MÉS como Unidas Podemos han hecho referencias veladas a las discrepancias dentro del 'Pacte' respecto a este punto. La diputada morada ha reconocido que es "público" que no les gusta todo el contenido del decreto y ha dicho que estarán vigilantes "para que no se beneficien los de siempre".
El decreto también amplía el derecho de tanteo y retracto del Govern, que además tendrá derecho a adquirir preferentemente edificios que se vendan a un solo comprador, si en el bloque hay una vivienda en alquiler. También le permite ejercer el tanteo y retracto en los suelos o promociones de bancos que vayan a ser vendidas a fondos de inversión o a sus sociedades inmobiliarias.
Por otra parte, el decreto articula mecanismos para agilizar la concesión de licencias para construir viviendas de protección oficial. Una de estas vías es la firma de convenios con colegios profesionales para que éstos puedan encargarse de elaborar los informes de idoneidad de proyectos y descarguen trabajo de los departamentos de urbanismo municipales.
Asimismo, entre otras medidas, se prevén cambios urbanísticos para que se puedan construir viviendas dotacionales -destinadas a colectivos vulnerables concretos- en suelo de equipamientos; y para construir VPO a partir de edificaciones inacabadas en suelo urbano con licencia caducada.
