En este sentido, ha recordado que la nueva regulación de los ERTEs de fuerza mayor está asociada al compromiso de mantener el empleo durante seis meses. "Pero si después del estado de alarma hay empresas que siguen necesitando de un ERTE, se encontrarán con el apoyo completo del Gobierno y habrá que reconfigurar los ERTEs, seguramente que por causas económicas o por otras causas", ha explicado la ministra en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press.
Y es que, según ha subrayado, los ERTEs de fuerza mayor que se han habilitado para este periodo excepcional eximen del pago de cotizaciones a las empresas y reconocen la prestación por desempleo a los trabajadores incluidos en estos procedimientos, aunque no tengan el periodo mínimo de cotización necesario. "Es muchísimo dinero público", ha apuntado.
La titular de Trabajo ha explicado que, después del estado de alarma, lo normal es que los trabajadores afectados por un ERTE de fuerza mayor se reincorporen a su puesto de trabajo con el compromiso de actividad de seis meses. "Pero si hay empresas que tienen dificultades en sectores muy localizados, pueden renegociar el ERTE", ha añadido.
Eso, ha apuntado, ya era algo habitual y ha puesto como ejemplo al sector de la automoción, donde a veces se presenta un ERTE por una determinada duración y luego se necesita un poco más o un poco menos de tiempo. "Por tanto, es un mecanismo muy flexible y adecuado para esta situación y quiero dar tranquilidad y certeza a los trabajadores pero principalmente a las empresas. Máxima flexibilidad y sentido común", ha resaltado.
La ministra ha señalado además que se volverá a la normalidad "de forma pautada", pues no se volverá al trabajo y a los colegios "de golpe". "Todos los sectores afectados por el Covid-19 permanecerán en situación de excepcionalidad hasta que estemos en una situación acomodada de ordinariedad", ha señalado.
A la pregunta de una trabajadora que dejó un empleo y cogió otro en el que estaba en periodo de prueba y no fue incluida en el ERTE que ha presentado su empresa por el coronavirus, Díaz ha reconocido que las situaciones del periodo de prueba no dan lugar a una situación legal de desempleo, un asunto que, según ha admitido, "se ha quedado fuera" de las medidas del Gobierno pero que se ha comprometido a resolver.
"Voy a ir directamente a hablar con el director del Servicio Público de Empleo Estatal para que contemplemos específicamente también el periodo de prueba y que sea una situación legal de desempleo", ha dicho la ministra, que ha añadido además que si la empresa formalizó un ERTE, debería haber incluido en el mismo a la trabajadora aunque su contrato estuviera en periodo de prueba, o fuera de formación, interino o de obra o servicio. "Si la empresa no lo ha hecho, puede mediar una causa de discriminación", ha advertido.
Díaz ha insistido en que "mientras dure el estado de alarma", en España no se puede despedir, aunque una vez que se deje atrás esa situación excepcional, se volverá al ordenamiento jurídico anterior. Esto no quiere decir, ha precisado, que no se vayan a adoptar más medidas.
En este punto, ha indicado que en los datos de paro y afiliación de marzo se ha vuelto a observar que los ajustes de empleo se producen por la vía de los trabajadores temporales, un asunto que "tienen que abordar cuanto antes" el Gobierno y los agentes sociales.
Díaz ha reconocido que abril será otro mes "impactante" para el mercado laboral y ha apuntado que el alcance de la crisis sobre el empleo no se puede conocer todavía.
Sobre la renta mínima, la ministra ha asegurado que se sigue trabajando en ella y que lleva su tiempo porque supone una reordenación de las múltiples prestaciones de la Seguridad Social, pero ha afirmado que la medida saldrá adelante, aunque ha precisado que no sabe si estará lista o no para el próximo Consejo de Ministros.
