"Dada la diversidad del tipo de obras en las que nuestros trabajadores deben intervenir, no podemos asumir el riesgo de que puedan verse afectados, y la responsabilidad de que ocurra cualquier contagio no podrá ser exigida a las empresas del sector, ya que somos constructores y no expertos en sanidad", han señalado ambas asociaciones en un comunicado conjunto este martes.
Según han indicado, solo en Balears "hay 55.000 trabajadores en el sector que a día de hoy se ven obligados a trabajar y que, al igual que sus familias, se encuentran expuestos a una situación de riesgo de contagio frente al COVID-19 mientras no se decrete la suspensión de actividad en la construcción".
Asimismo, han asegurado haber participado "activamente" durante los últimos días, junto a la Conselleria de Vivienda, sindicatos y colegios profesionales, "en la elaboración de un protocolo que, siendo pionero en España, incluye medidas extraordinarias que podrían reducir las posibilidades de contagio".
No obstante, han añadido que "la protección total no puede descansar sobre el voluntarismo protector de empresas y trabajadores, sino que exige la declaración de la suspensión de la actividad de la construcción".
