Mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez da respuesta así a la petición formulada en este sentido por la acusación particular, ejercida por un policía local denunciante de los hechos, a cuya solicitud se adhirió la Fiscalía Anticorrupción.
Para ello, el magistrado se ampara en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que establece seis meses de plazo máximo para instruir causas simples y 18 para la investigación de los procedimientos complejos.
Tal y como estipula la normativa, la declaración de complejidad debe ser solicitada por el Ministerio Fiscal o por el resto de acusaciones en cualquier momento antes de la expiración del plazo general de los seis meses. La Ley señala que la investigación será compleja cuando recaiga sobre grupos u organizaciones criminales; tenga por objeto numerosos hechos punibles; involucre a gran cantidad de investigados o víctimas o exija la realización de pericias o colaboraciones que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis.
Al respecto, el instructor señala que en este caso se cumplen "de sobra prácticamente todos y cada uno" de los anteriores requisitos.
Es más, abunda en su resolución que los delitos que se investigan -prevaricación, negociaciones prohibidas, extorsión, cohecho, falsedad documental, agresión sexual, solicitud de favores sexuales, uso de información privilegiada, contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, obstrucción a la justicia, coacciones, amenazas, encubrimiento y asociación ilícita o pertenencia a organización criminal, entre otros-, "por su propia naturaleza, hacen necesaria una compleja investigación" para determinar los presuntos hechos punibles y sus responsables.
Asimismo, recalca que las investigaciones recaen "sobre una pluralidad de sujetos investigados" y está pendiente el estudio de abundante documentación y "complicados análisis", lo que "excederá", asevera, el plazo inicial de seis meses.
La acusación, representada por el letrado Francisco José Pérez, ya pidió anteriormente, al igual que lo hizo Anticorrupción, que fuesen declaradas complejas las investigaciones de las que derivaron las relativas a la supuesta trama de extorsiones, centradas en el presunto amaño en las oposiciones a oficial llevadas a cabo en 2012 en la Policía Local de Palma.
Unos hechos que llevaron a la Guardia Civil, a instancias del Ministerio Público y por orden del juez José Castro, que se encontraba de guardia, a registrar en septiembre de 2013 las dependencias del cuerpo.
Entre las prácticas presuntamente ilegales desplegadas por los agentes, el juez alude tajante a "la extorsión, la manipulación, la destrucción u ocultación de pruebas, los preavisos, el trato desigual para unos empresarios y correlativo de favor para otros, las 'mordidas', los prostíbulos, el alcohol y la cocaína en horas de servicio", así como "fiestas privadas donde el sexo, la droga y el alcohol corre por cuenta de determinados empresarios y la venta por parte de agentes de policía de objetos incautados a vendedores ambulantes".
El juez recrimina asimismo que entre estas conductas se permita el sobresueldo de ciertos agentes obtenido por su trabajo como porteros en locales de ocio, las amenazas, las coacciones, y los actos de intimidación cometidos contra quienes se han prestado a colaborar con las investigaciones.
En varias de sus resoluciones, el magistrado detalla de forma pormenorizada las actuaciones ilegales desplegadas por los agentes investigados -hasta un total de quince se encuentran en prisión sin fianza-, a quienes se refiere como personas "sin escrúpulos" y "delincuentes indignos del uniforme que visten y que tienen por bandera la coacción, la amenaza, la extorsión y la intimidación".
Entre los encausados se encuentran el expresidente del PP de Palma José María Rodríguez y el regidor y diputado del PP Álvaro Gijón.
Recientemente, uno de los agentes investigados manifestó ante el juez que varios de los efectivos policiales que también se encuentran bajo lupa judicial han progresado en su carrera profesional "a cambio de seguir las instrucciones" de Rodríguez y Gijón, con quienes tenían "una relación muy estrecha".
En su declaración, el encausado señaló que las indicaciones de ambos dirigentes 'populares' "eran coincidentes con los dos grandes grupos de Cursach y Pabisa", dos de las empresas cuyo nombre figura en el marco de estas diligencias, que se encuentran en manos del Juzgado de Instrucción número 12.
Mientras tanto, un empresario que quería poner en marcha dos establecimientos de ocio nocturno en la calle Joan Miró de Palma puso de manifiesto, en el marco de esta causa, que uno de los propietarios de los locales que adquirió por traspaso le dijo que, para abrir sendas discotecas, debía hacerlo de la forma que "menos perjudicara" al conocido promotor Bartolomé Cursach, ya que "si lo hacía enfadar iba a tener grandes problemas".
Según la declaración que efectuó como testigo en dependencias del grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional, el mismo propietario le espetó: "Para que lo entiendas, aquí pasa igual que en Son Banya con 'La Paca, Tolo Cursach es 'La Paca' de la noche".
Por otro lado, continúan bajo secreto, dentro del mismo caso, las pesquisas centradas en las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación de la gestión del aparcamiento en la ciudad (ORA) a la UTE integrada por Roig Obres i Serveis i Medi Ambient SA, Api Movilidad SA y Dornier SA.
