Más de un año y medio de espera para lograr que alguien de Recursos Hídricos revise y ponga un cuño dando el visto bueno al proyecto.
El papeleo, la burocracia, el leviatán administrativo es una pesada losa sobre las inversiones privadas. De hecho, el largo trámite administrativo provoca el incumplimiento de las propias leyes. Y es que por ejemplo, cualquier Ajuntament debe responder en un plazo de tres meses si un proyecto urbanístico es correcto o no.
Pues, precisamente, en estos momentos, el Ajuntament de Palma incumple sistemáticamente este plazo de tres meses, pues hay proyectos urbanísticos y licencias de apertura de negocios que esperan desde hace más de un año.
Un año y medio sin invertir, un año y medio con las obras paralizadas... un año y medio de parálisis a la creación de riqueza y a la creación de lugares de trabajo por culpa de la Dirección General de Recursos Hídricos.
Ante esta realidad, el conseller de Medi Ambient, Miquel Mir, ha asegurado que "es una situación compleja ya que la normativa es muy garantista y la DG tiene un volumen de trabajo muy importante".
Ante esta problemática, Mir ha explicado que "el Parlament debatirá una enmienda que tiene por objetivo incrementar parte del personal de la Dirección General de Recursos Hídricos para paliar este retraso".
