La asociación hace este reclamo con el objetivo de que la Administración disponga del tiempo suficiente para desplegar una infraestructura de puntos de recarga suficiente en las islas y para que los fabricantes lancen una mayor oferta de vehículos eléctricos que facilite esta transición.
Para Aneval, las exigencias de dicha Ley, que fija el objetivo de que el 2% de las compras de vehículos de los alquiladores para 2020 en Baleares corresponda a vehículos eléctricos y que un 0,6% de flota esté electrificada, no se han visto acompañadas por una política de inversiones en infraestructuras o un plan de incentivos que, en lugar de prohibir las motorizaciones de combustión, estimule la demanda de esta nueva tecnología.
En este contexto, la asociación pone énfasis en que las ventas de modelos eléctricos en Balears apenas se incrementaron un 0,7% en lo que va de año, mientras que en Canarias lo hicieron un 75%, gracias a que la Administración canaria eliminó el IGIC (el equivalente al IVA en la península) en la compra de este tipo de vehículos.
Además, Aneval señala que Balears es la novena comunidad con menor penetración de vehículo electrificado y de desarrollo de infraestructura de recarga, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) del segundo trimestre del año.
Por otro lado, la asociación recuerda que la Ley de Cambio Climático balear presenta "indefiniciones" de carácter temporal y territorial que dificultan "en extremo" llevar el texto legal a la práctica.
"El sector del 'rent a car' está completamente de acuerdo con la descarbonización del parque, pero ésta no se puede llevar a cabo de una manera acelerada ni discriminando tecnologías. Sería deseable que el Gobierno balear flexibilice esta normativa con el objetivo de facilitar a los operadores de 'rent a car', tanto grandes como pequeños", subraya el director corporativo de Aneval, José Luis Sanz.
El Gobierno decidió estudiar, en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación con Baleares, la constitucionalidad o no de la Ley de Cambio Climático de la Comunidad Autónoma.
Las negociaciones tendrán como fin resolver las discrepancias con determinados artículos y disposiciones de la norma. Por ello, se ha designado un grupo de trabajo para proponer a dicha Comisión Bilateral la eventual solución a la que se llegue en relación con este conflicto, al tiempo que se comunicará dicho acuerdo al Tribunal Constitucional.
Así, el objetivo de esta Comisión Bilateral es revisar, a través de diferentes reuniones, la constitucionalidad de la disposición adicional tercera, apartado tercero en relación con el artículo 67 de la ley, que es el que recoge el veto al acceso a los coches diésel a la región desde 2025 y la prohibición para el resto de vehículos contaminantes desde 2035.
