Para empezar, recapitulemos hechos.
Primero. Desde la moción de censura que sacó a Rajoy de La Moncloa, con los votos del PSOE y de Podemos, pero también con los de los independentistas y sin contrapartidas, Catalunya ha sido el hilo conductor de la acción política de PP y Ciudadanos, convertida en insultos personales cuando se referían a Pedro Sánchez. Ni siquiera la votación de ERC contra los presupuestos, origen de la disolución del Congreso, les hizo cambiar de estrategia verbal ante la evidencia de la falta de entendimiento entre los independentistas y Sánchez.
Segundo. En las “negociaciones” para la primera votación de investidura, la de julio, Iglesias tuvo que renunciar públicamente a cualquier posición política que aparentara acercamiento alguno hacia los independentistas catalanes, prometiendo lealtad al Pedro presidente de un gobierno de coalición con el que tanto soñaba Pablo.
Tercero. En la maniobra “último minuto” de Rivera, destinada a fijar un mensaje nítido en su electorado, las exigencias del líder de Ciudadanos se resumen en dos: 155 en Catalunya e indultos en ningún caso. Las de no subir impuestos, autónomos y demás, simple demagogia de relleno.
Cuarto. En su discurso de “despedida” de la investidura, Sánchez ha reconocido, de hecho, que prefiere un gobierno en funciones, condenado a desaparecer y limitado por ley en su responsabilidad, para enfrentarse a la imprevisible reacción contra la sentencia del Procés.
Para ir terminando, especularemos.
Si se cumplieran las encuestas, consiguiendo entre PSOE y PP más de 200 diputados, ahora son 189, y además se confirmara en el Senado la más que probable mayoría absoluta de una coalición de derechas, con o sin apellido aritmético, Sánchez habrá conseguido lo que desea: que el partido líder de la oposición deba corresponsabilizarse, ante el contencioso “Catalunya”, con la política del Gobierno de España.
Una política que llamarán de “estado” y qué habrán pactado previamente.
Y, si pueden, también para cambiar la ley electoral y aprobar una para facilitar el regreso al bipartidismo. Por ejemplo, con segundas vueltas, como acaba de plantear Calvo.
Aunque se siga incumpliendo al artículo 14 de la Constitución desde antes incluso de aprobarla, también en las elecciones de 1977. Este artículo es el que dice que “los españoles son iguales ante la ley…”.
Ya, pero sus votos no, ya que es necesario seguirlos tergiversando para que PP y PSOE consigan más diputados de los que se merecen por sus respectivas cosechas electorales.
37.540.235 votos tergiversados, solo en las catorce urnas al Congreso. Con todas las de la ley, tergiversadora, por supuesto. Pero de esto hablaremos en otros momentos.
Quizás los de Unidas Podemos, si no estallan antes, podrían analizar con perspectiva y adoptar algunas decisiones interesantes.
Por ejemplo, ¿qué tal proponerle al PSOE una coalición al Senado?
Si los de Sánchez no aceptaran habría frustraciones internas entre las bases socialistas durante la campaña electoral, y eso beneficiaría a UP.
Y si aceptaran, inquietudes internas en el PSOE también habrá, pero solo en algunos despachos.
Si o no, UP siempre saldría ganando con la osadía. En ocasiones, hay que hacer propuestas dirigidas a romper los discursos rivales. O “relatos”, que se dice ahora.
En cualquier caso, siempre habrá sido una iniciativa de UP que debilitará la credibilidad de un mensaje que no dejará de sonar hasta el 10 de noviembre: Iglesias es el culpable de la repetición electoral.
Pero insistamos.
En caso de negativa del PSOE a la coalición electoral pero solo al Senado, ¿se atreverían los de UP, incluso, a no concurrir a esa urna y pedir los votos de su electorado para los candidatos del PSOE?
De hecho, las posibilidades de que los de Podemos consigan senadores son mínimas.
Pedir el voto sin contrapartidas para otra candidatura implica un riesgo probable, pero solo así podrían conseguir, en exclusiva, el mérito de la posible derrota de la derecha en ese cementerio de elefantes que tantas veces ha sido su bastión y, con ello, que en ese nivel no se cumpla el deseo oculto de Sánchez de necesitar al PP o a Ciudadanos para enfrentarse al independentismo.
A fin de cuentas, lo único que ha hecho el Senado en 40 años ha sido declararle un 155 a Catalunya para que, al final imposible de esta escapada hacia la judicialización como acción de guerra sin sangre, pero, en cualquier caso, contraria a la política decente, cuando ésta pudo regresar, urnas catalanas mediante, fueran los independentistas quienes volvieron a ganarlas.
Cosa que, muy probablemente, ocurrirá otra vez en Euzkadi y Catalunya que, por cierto, han estrechado recientemente sus amistades parlamentarias.
Ya mejoraron en abril PNV, EH Bildu y los catalanes respecto a los resultados de 2016, y es probable que vuelvan a repetir incrementos el 10 de noviembre. Son los que menos se han quemado ante sus respectivos electorados durante las no investiduras, tan decepcionantes.
Resumiendo.
La verdad, partiendo de lo apetitoso que resulta siempre convocar elecciones generales desde La Moncloa, no puedo entender como el resto de partidos, y sobre todo Unidas Podemos, le han podido conceder a Sánchez ese caramelo, en lugar de condenarle a gobernar este imposible llamado España.
