Así lo ha señalado De Guindos durante su intervención en la el Pleno del Congreso de los Diputados, que debate este jueves el decreto ley de medidas urgentes en materia financiera, que incluye, entre otras iniciativas, permitir ampliar en dos años el plazo que tiene el FROB para la privatización de la participación del Gobierno en Bankia y BMN.
Guindos ha explicado que el decreto ley contempla que se alargue en dos años el plazo que tiene el Ejecutivo para privatizar su participación en Bankia y BMN, para lo que se había fijado un límite temporal en diciembre de este año en el primer caso, mientras que para BMN expiraba en marzo de 2018. En ambos casos el Estado está presente con una participación de entorno al 65%.
De esta forma, la privatización de Bankia se alargará hasta finales de 2019 y la de BMN hasta marzo de 2020 frente a los límites anteriores, que Guindos ha recordado que se fijaron de manera interna y no procedían de requerimientos europeos.
"Si fuera necesario dispondríamos de más tiempo para compatibilizar la obligación de desinversión con la maximización de ingresos derivados de la desinversión", ha agregado. No obstante, ha aclarado que dicha extensión "no implica necesariamente que aplacemos la desinversión".
UNIÓN BANCARIA
De igual forma, el decreto ley incluye la autorización para firmar el Acuerdo de Facilidad de Préstamo entre España y la Junta Única de Resolución, por el cual se pone a disposición de la Junta Única de Resolución un importe máximo de 5.291 millones de euros, equivalente a la aportación que tendrán que hacer los bancos al Fondo hasta 2014.
En concreto, los Estados miembros realizan ahora sus aportaciones con carácter transitorio hasta el año 2024 que será financiado en su totalidad por los bancos. El ministro ha explicado que se trata de una financiación "puente, transitoria y que únicamente será empleada como mecanismo de última instancia", una vez se hayan agotado los demás fondos disponibles. Además, será "fiscalmente neutra", ya que la junta pagará por la financiación el mismo tipo de interés al que se endeude el Tesoro para prestar los fondos y no tendrá impacto alguno en el déficit público.
Se trata de un asuntos de "especial urgencia", porque supone que España cumpla con los compromisos adquiridos al no haber podido haberlo hecho anteriormente por la situación de interinidad del Gobierno. "Convalidamos la norma que impulsa la Unión Bancaria, un hito histórico que ha sido clave para reducir la fragmentacion financiera y reducir el riesgo bancario", ha apostillado.
El titular de Economía ha destacado que la creación del fondo único de resolución es un paso "vital" para la puesta en marcha de la Unión Bancaria y ha insistido en que serán las propias entidades y no los contribuyentes los que tendrán que responder al mismo.
En esta línea, ha abogado por avanzar en un esquema europeo de garantía de depósitos y lograr una mayor mutualización, al ser "imprescindible" para que el euro "funcione". "Hemos sentado las bases para dotarnos de mayores y mejores herramientas ante futuras crisis", a lo que se suma que "el sector financiero español ha experimentado una profunda transformación, ya no genera dudas y contribuye al crecimiento económico", ha valorado, para apostar a continuación por seguir impulsando la mejora de la regulación financiera.
SAREB
El titular de Economía también ha defendido la parte del decreto ley relativa a la Sareb que, sin alterar el fondo del marco contable que aplica a la sociedad, especifica el esquema de registro de las eventuales minusvalías resultantes de la aplicación de la normativa contable que se realizará en el patrimonio neto de la compañía.
Según ha explicado Guindos, las variaciones se recogerán en el balance de Sareb en una cuenta denominada "ajustes por cambio de valor", que se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el resultado del ejercicio sea positivo. De este modo, "se asegura que el marco contable es coherente con el mandato de desinversión a largo plazo de la Sareb".
